SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Concejo Municipal sumó a la Universidad del Comahue y el SOYEM en el tratamiento del proyecto de prevención y erradicación de la violencia laboral en el ámbito público.

La comisión de Gobierno y Legales que resolvió apurar las consultas para comenzar el análisis pormenorizado del texto el martes próximo y emitir dictamen lo antes posible. Ese es el último requisito para que la iniciativa llegue a consideración en sesión plenaria.

De aprobarse, Bariloche sería el primer municipio de Río Negro y uno de los pocos del país en abordar la problemática del mobbing laboral con un régimen propio para prevenirlo y erradicarlo.

La comisión remitirá copias del proyecto al equipo de la Universidad Nacional del Comahue que está trabajando en la materia y al sindicato municipal para que estudien el texto en tratamiento y realicen los aportes que consideren pertinentes.

También solicitará la opinión del Ejecutivo que todavía no dio respuesta al pedido cursado el año pasado. La presidente de Gobierno y Legales, Guillermina Alaniz señaló a este diario que "sería deseable tener la respuesta (del Ejecutivo) pero si no llega no es algo que vaya a trabar el tratamiento".

El proyecto, elaborado por el concejal Marcelo Cascón, dedica los primeros artículos a conceptualizar la violencia laboral con un pormenorizado detalle de las conductas tipificables dentro de esa categoría, de los sujetos que pueden ejercerla y de las víctimas.

También establece un régimen sancionatorio para los victimarios y un sistema de protección para los trabajadores víctimas de mobbing, los denunciantes y los testigos de los actos violentos.

El proyecto establece tres canales de denuncias: los superiores jerárquicos, el poder contrapuesto al empleador (ante el Legislativo si el empleado fuera del Ejecutivo y viceversa) y la Defensoría del Pueblo Municipal.

La sanciones previstas para los victimarios son de orden correctivo que van desde un apercibimiento o suspensión de 30 días corridos hasta la cesantía y la exoneración. La tarea de analizar las denuncias y sancionar cada caso recaerá sobre la Junta de Disciplina.

En materia de prevención la iniciativa propone la realización de programas de difusión y orientación a las víctimas a través del departamento de Medicina, Higiene y Seguridad (creado por el Estatuto del Trabajador Municipal). El área tendrá la responsabilidad de confeccionar, además, un registro unificado de casos destinado a adecuar las políticas de prevención y atención.