NEUQUEN (AN).- Las inversiones destinadas a regularizar la situación de los "enganchados" del servicio eléctrico fueron ayer en el Concejo Deliberante el eje central del debate en torno a la redacción final del contrato de concesión de la Cooperativa CALF.
Desde la entidad, su titular Marcos Silva reclamó un mayor aporte municipal para revertir las conexiones clandestinas ya que advirtió que "por el momento hay 8.000 familias colgadas a nuestras redes".
La definición del contrato por el servicio eléctrico de la ciudad tuvo un nuevo capítulo ayer en la comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante, donde los ediles analizaron la redacción de los artículos del contrato que en principio otorgaría el servicio por diez años con opción por medio de un referéndum popular a cincuenta años.
La principal discusión se dio al momento de tratar las cláusulas transitorias, entre las que se destacan las inversiones destinadas a normalizar las conexiones eléctricas en los asentamientos.
El edil por Recrear advirtió que "el contrato establecía erróneamente la obligación de la cooperativa de invertir por año un millón de pesos en la regularización progresiva de estas tomas, cuando lo que corresponde es que el municipio sea el que aporte ese dinero".
La eliminación de los "enganchados" es para Silva una de las principales preocupaciones ya que según indicó en una entrevista radial "tenemos 8.000 familias que están conectadas ilegalmente a nuestras redes y que corresponden a los 76 asentamientos clandestinos que hay en la ciudad".
El presidente de la cooperativa aseguró que "esto hace que la calidad del servicio decaiga en las zonas aledañas a donde están estas conexiones clandestinas" y advirtió que reclamará un canon superior al que se plantea en el Concejo Deliberante para poder hacer frente a esta regularización.
El contrato, que desde fines del año pasado se debate, reconoce a la cooperativa una pérdida total del 20 por ciento durante los primeros cinco años de vigencia, margen que para Silva sería insuficiente.
