ZAPALA (AZ).- En el marco de un juicio abreviado por acuerdo entre las partes, la Cámara Criminal de esta ciudad resolvió ayer otorgar el beneficio de la probation a nueve dirigentes y militantes de ATE involucrados en la ocupación del edificio regional de Vialidad, en mayo de 2003.

La probation consiste en pagarle al Estado el costo de los daños ocasionado entonces.

La causa original, donde a los implicados se les endilgaban los delitos de usurpación, instigación a cometer delitos, daño agravado e intimidación pública agravada por el uso de explosivos, dejó paso a una acusación de delitos menores como consecuencia del acuerdo alcanzado entre el fiscal Héctor Trova y el defensor, Mariano Mansilla.

En otros procesos por protestas sociales y acciones sindicales, las causas terminaron con una suspensión del juicio a prueba (en eso consiste la probation): desde cortes de ruta hasta los golpes contra el ex administrador del ISSN Gerardo Hettinger.

En la extensa nómina de acusados figuran los dirigentes locales Ricardo Pérez y Gabriel Borrini.

"El fiscal Trova y la Cámara de Zapala nos recuerdan en cada decisión que Neuquén tiene funcionarios judiciales que no se arrodillan frente al poder de turno, que no les importa quién es el denunciante y que no todos los magistrados son iguales en esta provincia" sostuvo Mansilla, al término de la audiencia debate.

"Hace algunos años que la Justicia neuquina viene sufriendo un duro embate, pero no todo está perdido porque Neuquén tiene magistrados que han resistido y resisten y más tarde o más temprano nos encaminaremos hacia la justicia que la comunidad necesita", añadió el abogado y candidato de Une al municipio neuquina.

La causa se originó a raíz de la ocupación del edificio perteneciente a la dirección de Vialidad por parte de un grupo de subsidiados que reclamaban mejoras en los planes de emergencia. Eso fue el 5 de mayo de 2003. Dos días más tarde, un escuadrón de la policía provincial al mando del comisario general Julio Trepat desplegó un espectacular operativo de desalojo que incluyó la participación de decenas de efectivos de los grupos especiales.

La represión policial recibió uno de los repudios más generalizados en todo el arco político y social zapalino. "Estábamos tranquilos porque sabíamos que fuimos a protestar en defensa de nuestros compañeros que estaban en una situación laboral muy precaria", señaló Ricardo Pérez, uno de los imputados en la causa. Agregó que "al otro día de la represión blanquearon la situación de quienes reclamaban y es lo importante".  Por el acuerdo, los referentes de ATE se comprometieron a cancelar en un plan de cuotas un monto reclamado por Vialidad en concepto de daños.