Los déficits en materia de buena fe y probidad no son patrimonio exclusivo de las sociedades nacionales, sus instituciones gubernamentales y organizaciones de base o intermedias. Lo cual ha quedado de manifiesto con el escándalo que rodea en estos días al presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz.

Numerosas organizaciones no gubernamentales, ex altos funcionarios del Banco Mundial y el sindicato de la institución pidieron semanas atrás la renuncia de Wolfowitz por favorecer, de manera impropia y en violación de los protocolos internos, a su novia, Shaha Riza, con un aumento de salario y una transferencia al Departamento de Estado estadounidense.

La noticia del aumento salarial para Riza fue inicialmente divulgada por el periodista Ward Harkavy, del diario neoyorquino "Village Voice", pero sólo obtuvo amplia notoriedad una vez difundida por el diario "The Washington Post". La polémica repercutió en toda la institución, donde varios funcionarios están descontentos con la administración de Wolfowitz.

También la revista "Vanity Fair", en su edición de marzo, había informado que Riza fue descubierta recibiendo cheques por su desempeño como experta en Medio Oriente para SAIC, cuando esta compañía brindaba servicios de inteligencia al Pentágono antes de la invasión estadounidense a Irak, el 19 de marzo de 2003.

Según la ong Government Accountability Project (GAP, Proyecto para la Responsabilidad del Gobierno) con sede en Washington, que investigó el caso desde el comienzo, Riza nunca había solicitado ni recibido permiso del organismo para trabajar en el SAIC, el mayor contratista de defensa del gobierno de Estados Unidos cuando Wolfowitz se desempeñaba como subsecretario de Defensa.

"Considerando que Riza, según se informa, ya estaba involucrada sentimentalmente con Wolfowitz en ese momento, que la guerra en Irak era inminente, que SAIC era un contratista de defensa y que el Banco Mundial tenía proyectos activos en Irak, probablemente existieron múltiples conflictos de intereses", señaló la directora de programas internacionales del GAP, Beatrice Edwards.

El caso es particularmente vergonzoso para Wolfowitz, quien abrazó la causa de la lucha anticorrupción. A punto tal que en numerosas ocasiones instruyó a los países en desarrollo sobre la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción, lo que contrasta con esta promoción irregular y los generosos aumentos de sueldo a su pareja.

Datos del banco, obtenidos por el GAP y divulgados semanas atrás, señalan que Riza recibió un aumento de 47.300 dólares en su salario (35,5%) cuando Wolfowitz asumió el cargo de presidente. Este aumento fue seguido por otro el año pasado de 13.590 dólares (7,5%). Su sueldo anual actual es de 193.590 dólares.

A todo ello se añade el hecho de que el actual presidente del Banco Mundial fue uno de los principales ideólogos de la invasión a Irak y que, de los cinco nombramientos de altos funcionarios internacionales realizados por Wolfowitz en sus dos años de presidencia, tres correspondieron a miembros de gobiernos que apoyaron la invasión de los Estados Unidos contra Irak.

Se trata del nuevo vicepresidente para Asuntos Externos del banco y ex viceprimer ministro de Jordania, Marwan Muasher, la ex ministra española de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, nombrada primera vicepresidenta y consejera Jurídica General del Grupo del Banco Mundial en junio del 2006, y Juan José Daboub, ex ministro de Finanzas de El Salvador y que se desempeña ahora como uno de los dos directores gerentes del banco.

Estos hechos llevan también a pensar que Paul Wolfowitz usó su cargo para recompensar a gobiernos y personas que ayudaron a Estados Unidos en la agresión a Irak, tal como declaró el director del Programa Estratégico de la organización no gubernamental New America Foundation, Steven Clemens.

La funcionalidad de las instituciones de crédito internacionales para con el proyecto neocolonialista que encabeza la administración Bush es un hecho bien conocido. Ahora nos enteramos de esta otra arista, propia del desparpajo y de la impunidad de la que gozan los responsables de un proyecto imperial que, pese a su comprobada crisis, sigue causando daños.

MARTIN LOZADA (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Juez de Instrucción y profesor de Derecho Internacional de la Universidad FASTA, Bariloche