SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- En respuesta al hábeas corpus que presentara hace dos semanas la Comisión Pro Cátedra libre de Derechos Humanos, reclamando el derecho a la salud de los internos de la alcaidía local, el juez Martín Lozada intimó al Servicio Penitenciario Provincial a contratar a un médico y a un enfermero en el plazo de cinco días, para que presten servicios en forma permanente y regular en esa unidad penitenciaria.

Los accionantes son profesores del taller de introducción al Conocimiento Cívico y Jurídico que se brinda a los reclusos, y conocen en detalle la precaria situación del penal local. Destacaron el "agravamiento de las condiciones de detención" y la "vulneración del derecho a la salud que padecen las personas detenidas en dicho establecimiento" y reclamaron al juez que "se dispongan los medios necesarios para restablecer ese derecho".

En su fallo, el magistrado señaló que "por medio del hábeas corpus se trata de determinar cómo tutelar los derechos de las personas alojadas en la cárcel local, quienes carecen de atención médica".

Lozada estableció que en la actualidad la asistencia médica que reciben los internos "depende de la buena voluntad de los médicos policiales, quienes sin embargo no guardan vinculación contractual con el Servicio Penitenciario Provincial". Destacó que "la salud de las personas a quienes el Estado ha privado transitoriamente de su libertad es un bien sobre el cual no puede trasladarse a sufrimiento o mortificación alguna".