BUENOS AIRES (DyN).- El gobierno anunció que presentará en el Congreso un proyecto de ley contra la violencia familiar, para equipararla con la violación de derechos humanos, y otro contra el tráfico de niños, con sanciones de "absoluta dureza" para quienes promuevan ese delito. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, anticipó que en la ciudad de Buenos Aires se habilitó la línea telefónica 137, a fin de "sancionar y erradicar la violencia y el abuso de poder en el ámbito familiar". El funcionario precisó que las propuestas gubernamentales integran las problemáticas del maltrato infantil, la violencia conyugal, el maltrato a ancianos y la agresión a personas con discapacidad.

"Proponemos sancionar con absoluta dureza a los promotores de esta despreciable actividad del tráfico de bebés", subrayó Fernández durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada. El ministro fue acompañado por la coordinadora del Programa Víctimas contra la violencia, Eva Giberti, y el jefe de la Policía Federal, comisario Néstor Valleca.

Fernández reiteró que uno de los proyectos propone "equiparar la conducta violenta dentro del ámbito familiar con la violación a los derechos humanos". Tras asegurar que "se trata de una realidad que todos conocemos pero sobre la cual nunca se actuó en consecuencia", advirtió sobre la existencia de agencias y personas que entregan bebés.

El responsable de la cartera política denunció que esto ocurre porque "ha habido connivencia de funcionarios, cuando no de funcionarios judiciales". "La vocación de esta legislación que presentamos es atacar este mal, sancionando con absoluta dureza a los facilitadores, a quienes hacen los nexos, y son promotores de esta despreciable actividad", reiteró. El funcionario anticipó que "un equipo integrado por 80 psicólogos y 80 efectivos trabajará para cortar la violencia en el mismo momento en que se produce", y destacó que las denuncias podrán hacerlas "el propio afectado, un vecino o un testigo".

En tanto, Giberti puntualizó que, ante una denuncia, se dirigirá al lugar "un móvil integrado por dos policías, un psicólogo y un trabajador social" y se ofrecerá al afectado el asesoramiento de abogados. Tras afirmar que "en primera instancia se acompañará a la víctima", la coordinadora aclaró que luego deberán intervenir otras esferas del Estado.