SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La Cámara Civil de Apelaciones recorrió ayer las tierras del futuro club de campo El Redil a fin de resolver el primer amparo ambiental de la ciudad presentado a mediados de diciembre.

Los jueces Edgardo Camperi y Luis Escardó realizaron una inspección ocular del terreno, ubicado a orillas del lago Moreno, junto a los propietarios y los dirigentes vecinales de los barrios Dos de Agosto y Parque Lago Moreno que promovieron la medida cautelar.

El trámite judicial se desarrolló en un clima respetuoso y distendido, inusual para la conflictiva dinámica vecinal generada por el proyecto.

La única confrontación entre las partes se produjo cuando uno de los propietarios, Claudio Leandri, increpó al dirigente vecinal Juan Paternó (Dos de Agosto), momento de tensión que se disipó en la continuidad del diálogo. Los amparistas se sienten perjudicados por el largo tiempo sin definiciones transcurrido desde la presentación de la medida cautelar. "Hacen la inspección ocular cinco meses después de presentado el amparo, cuando ya se rellenaron los mallines y se abrieron las calles, qué van a preservar ahora?", preguntaron en los días previos, aunque ayer moderaron su malestar ante los jueces.

Tampoco tuvo eco el convite a realizar una "aglomeración" vecinal frente a las puertas del emprendimiento para reclamar una resolución favorable del recurso de amparo interpuesto en diciembre. Sólo un grupo de vecinos llegó hasta el lugar pero no logró hablar con los magistrados al término de la recorrida.

Los vecinos solicitaron a la justicia la paralización preventiva de las obras hasta tanto se realice un estudio de impacto ambiental que redefina la utilización de esas tierras. La decisión de la Cámara genera expectativas que superan la instancia del controvertido proyecto en discusión. "Nuestra ciudad carece de fallos comparables éste sen

taría un precedente que allanaría el camino en futuras causas de protección ambiental e instaría a los funcionarios a cumplir de forma más correcta su función", reflexionaron los amparistas.

El conflicto generado por El Redil parecía dormido tras las duras confrontaciones públicas registradas entre propietarios, vecinos, ambientalistas, funcionarios y concejales.

Los vecinos inmediatos y las organizaciones ambientales se oponen a la construcción del barrio privado porque cortaría la conexión vial en ese sector de la ciudad y cuestionan el avance del lote sobre un morro boscoso y un mallín, dos sistemas frágiles que sufrirían serias consecuencias ambientales.

La confrontación entre vecinos y propietarios se traslado a los dos poderes del gobierno comunal cuando el Deliberante intentó revisar el proyecto urbanístico para mediar entre las partes.

El contrapunto entre Ejecutivo y Deliberante alcanzó su máxima tensión el 2 de febrero pasado cuando el subsecretario de Planeamiento, Raul Ferrari, perdió la compostura e insultó a los concejales durante la reunión convocada para barajar soluciones alternativas al polémico planteo urbanístico del proyecto.

Diez días después el secretario de Obras Públicas, Juan Carlos Alvarez, defendió la actuación del Ejecutivo sin dejar margen para revisiones. Las posturas rígidas de las partes solo dejaron lugar a la mediación de la justicia por la vía del amparo.