Buenos Aires (télam).- La causa en la que el ex presidente Fernando De la Rúa está procesado por la presunta contratación irregular de un jardinero cuyo sueldo se pagaba desde el ex Concejo Deliberante porteño fue elevada a juicio oral.

El juez de instrucción Alberto Baños elevó el expediente a la etapa plenaria, donde el ex mandatario, en caso de ser condenado, podría afrontar penas que llegan a los 10 años de prisión, según informaron a Télam fuentes tribunalicias.

Así el expediente comenzará a transitar la etapa final hasta la efectiva sustanciación del debate que podría realizarse en 2008.

Los informantes indicaron que será el Tribunal Oral 16, integrado por los camaristas Carlos Acerbi, Carlos Currais y Gustavo Anadón; el que llevará adelante el proceso en fecha a determinar.

El ex jefe del Estado será enjuiciado en la causa en la que se investiga un supuesto fraude al Estado por un monto superior a los cinco millones de pesos, a través los denominados "ñoquis", supuestos empleados que cobraban sin trabajar en el disuelto cuerpo legislativo comunal.

La mayor parte de la causa -con más de 14.000 fojas de actuaciones- ya había sido elevada a juicio oral y restaba la situación del ex presidente cuyos planteos defensistas retrasaron casi cuatro años el debate, según estimaron las fuentes.

El expediente se inició hace poco más de una década -en 1996- por una denuncia que alertaba que en el ex Concejo Deliberante trabajaba un jardinero -José Benito Pasó- cuyo salario se pagaba con fondos de las arcas comunales.

Tras una larga investigación, que llevaron adelante los fiscales Mónica Cuñarro, Marcelo Romá, Horacio Amelotti, y Augusto Troncoso, se determinó que existiría un "consenso" entre las fuerzas políticas mayoritarias del ex Concejo para "repartirse, proporcionalmente a su representación" cargos públicos con abultados salarios.

El edil Humberto Bonanata, por entonces titular del bloque de la Unión Cívica Radical, era -según los fiscales- la "cabeza visible" de ese ilegal acuerdo que habría perpetrado junto a sus ex colegas José Manuel Pico y Eduardo Rollano, del Partido Justicialista.

"Cartoneros, analfabetos, insanas declaradas judicialmente, jubiladas o personas de bajos recursos" eran algunos de los supuestos "designados" para cubrir esos cargos, dijeron en su oportunidad los acusadores.

Los fiscales explicaron que se obtenían los datos de identidad -y fotocopias de los documentos de identidad- de esas personas mediante ofrecimientos de "planes de alfabetización o de vacunación", o, simplemente mediante el falso ofrecimiento de trabajo.

Junto al caso del "jardinero", también pasaron al tribunal 16 otros centenares de presuntos casos de "malversación de caudales con fraude por adulteración y falsedad documental en los recibos de sueldo".