Domingo 06 de Mayo de 2007 Edicion impresa pag. 22 y 23 > Opinion
Hay vida después del 20
Las subas salariales auguran riesgos futuros, pero hoy no parece importar. El IPPV y el Ipross, sin políticas y con oportunidades perdidas.

Río Negro marcha hacia la elección provincial.

La campaña y la economía ocultan muchas cosas, pero viejas asignaturas subyacen en la profundidad.

Afloraron en la superficie además confirmaciones inquietantes, como que los ingresos llegaron a un techo frente al alza persistente de los gastos.

La coyuntura económica ha sido inmejorable, pero algo ya no es lo que era. Aunque cueste advertirlo, porque el Estado se expone opulento en la campaña.

¿Qué dejó en Río Negro esa época pudiente?

No hubo claridad gubernamental y la historia concluyó con desequilibrio en la distribución de los fondos públicos.

Los agentes afrontaron el fuerte peso de la crisis estatal, pero ya computan varios años con saldos favorables. El costo salarial del Estado registró un alza del 132% entre el 2003 y el 2007. Una variante adicional es la incorporación de personal.

En cambio, el esplendor fiscal nada modificó otras políticas gubernamentales.

La administración Saiz no supo qué hacer con el aluvión de recursos y áreas centrales se quedaron huérfanas de maniobras propias. Dos casos: la política habitacional y la obra social.

La crítica opositora acerca de que Río Negro hace obras con recursos de Nación se ajusta perfectamente al IPPV, que deposita toda su respuesta en los programas federales. Tampoco son las 3.000 viviendas cedidas que dicen los anuncios oficiales.

En Río Negro, el Programa Federal de Construcción firmado en julio del 2004 entregó 2.012 unidades y el resto está en ejecución, salvo 134 viviendas de Bariloche que aún no se construyen.

Hace también casi tres años, el IPPV adhirió al plan Federal de Mejoramiento de Viviendas. En el último mensaje legislativo, Saiz habló de 2.346 mejoras por casi 32 millones, pero el informe de marzo de Nación consigna la firma de 844 obras, de las cuales solamente se comenzaron 255 y ninguna está concluida.

Hay razones esgrimidas en la demora, como que la operatoria es compleja. Son motivos ciertos, pero son los riesgos de un programa totalmente ajeno.

Faltó la complementación provincial, que atienda carencias habitacionales o a sectores económicos, además de lo que ofrece el intensivo plan federal. La partida del Fonavi que ronda los 30 millones anuales se direcciona exclusivamente a completar esos diseños nacionales.

A pesar de los últimos años con recursos, Río Negro no incorporó otros fondos para esa demanda habitacional. Además, cayó notablemente la respuesta que desde Viviendas Rionegrinas se ofrecía con créditos con materiales.

El último censo poblacional indica un 26% de hogares deficitarios en el país. Río Negro está en la media, aunque es el peor índice de la Patagonia. Ese déficit no es computable al actual gobierno, pero tampoco actuó para revertirlo.

No existen censos provinciales. El IPPV considera que si no hay registro, no hay problemática. Igual, se estima que hay de 25.000 a 30.000 familias con "problemas de viviendas", considerando múltiples variantes, desde la falta de casas hasta la necesidad de refacciones edilicias.

Bariloche atendió a unos 5.000 interesados para 120 unidades. Sólo la mitad logró cumplir con los requisitos, también planteados por Nación y sin opciones por parte de Río Negro. La última entrega de viviendas en esa ciudad se cumplió hace un año, con 20 unidades.

Gestión sin rumbo. Sujeta a los avatares de otros partícipes e intereses. Un análisis que también alcanza a la obra social.

La demanda creció y los costos también, pero el Ipross triplicó sus ingresos con la suba de la masa salarial y los aportes directos de la provincia. Este incremento sólo sirvió para seguir el requerimiento de los afiliados y de los empresarios. Nada tuvo que ver con algún proyecto para la obra social.

Cada uno impone sus reglas de juego. Hay convenios por cápita y otros por prestaciones. Por caso, el Colegio Médico de Viedma acordó atender algunas prácticas, pero niega cualquier acuerdo para consultas.

La obra social no impuso sus lineamientos y sus prioridades ni en los mejores años de su financiamiento. Hoy, parece tarde.

Entre sospechas y denuncias de sobreprecios, el Ipross recibirá ahora otros 7 millones en lo que queda del año por las últimas subas salariales. La Unter ya se preguntó cuál será su destino. ¿Serán, sin mayores reparos, también los prestadores?

Hoy existe menos resistencia de la obra social porque la prioridad electoral todo lo puede.

Ese permisivo rol del Estado con los fondos se evidencia especialmente en la cesión del segundo aumento salarial en el 2007. Las incidencias y los riesgos se advertirán en el segundo semestre, pues recién comenzó a cumplirse con el acuerdo docente y luego continuará con el resto de los agentes estatales. Esos compromisos pre-electorales proyectan otros 80 millones de pesos.

Hacienda estima que la masa salarial estará en 1.200 millones frente a los 915 millones del año pasado. Un abismo de 285 millones. Una suba del 32%.

No hay fondos que puedan sostener este crecimiento. Los ingresos a Río Negro se le están estabilizando: las regalías y la recaudación provincial con la visión más optimista se amesetaron y las transferencias federales siguen en ascenso pero alejadas del requerimiento exigido por las erogaciones ejecutadas y prometidas por la gestión de Saiz.

El oficialismo sostiene hoy un único y exclusivo objetivo: ganar las elecciones del próximo 20 de mayo. Es legítimo. Pero, para eso, no tiene reparos en el uso del gobierno y de los recursos estatales.

Su campaña se concentra en los actos gubernamentales. Ya nada se evalúa institucionalmente, todo depende del costo y del beneficio electoral. Por caso, el gobernador suspendió el jueves su tradicional presencia en el aniversario de Bariloche. El motivo: existió temor por un posible impacto negativo si existían protestas públicas.

Qué lejos se está de la práctica y cumplimiento de la pregonada norma de ética pública. Esa ley (la Nº 3.550) considera "incompatible", según su artículo 19, que los funcionarios realicen "actos de propaganda, proselitismo, acción ideológica o de otra naturaleza" en "ocasión del ejercicio de sus funciones". Saiz fue uno de los legisladores que la votó en el 2001. ¿Lo recordará?

Saiz primero es gobernador y después es candidato del oficialismo. No a la inversa.

También una limitante en este caso, humanitaria correspondería a la presencia electoral en Bariloche de la figura del intendente Alberto Icare que, a pesar de su fragilidad actual, se persiste en que encabece la campaña del Frente para la Victoria.

No todo debería ser posible.

Además, más allá de la suerte electoral que corra cada candidato, hay vida después de las elecciones y el futuro ya no será para el Estado rionegrino lo que era.

 

ADRIAN PECOLLO

pecollowa@rionegro.com.ar

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