VIEDMA (AV)- Para seguir cobrando los 150 pesos, algunos beneficiarios de los PER se verían obligados a entregar entre 10 y 20 pesos al intermediario. Así lo habrían asegurado ante el juez más de 15 testigos. En los próximos días se espera que presten testimonial en el juzgado conducido por el magistrado Carlos Reussi de Viedma otras 60 personas.

Todo es muy llamativo e irregular. Primero que un vecino que se autodefine como desocupado actúe como intermediario en la distribución de esta ayuda social provincial que responde al Programa de Empleo Rionegrino destinado a quienes no tienen trabajo y, en su mayoría, con hijos a cargo.

Desde hace años, Aníbal Cipriano, cumple esa función que ha sido cuestionada por lo bajo por los beneficiarios pero que, al parecer, ahora decidieron recurrir a la Justicia. Primero habrían planteado el malestar ante la secretaría de Trabajo y desde este organismo se elevó la cuestión a la Justicia.

El pago de 150 pesos lo recibe directamente el beneficiario, aunque dependen de un programa general presentado por una entidad intermedia.

Los testigos escuchados hasta el momento habrían coincidido en señalar que una mujer enviada por Cipriano los espera los días de cobro frente al lugar donde perciben los 150 pesos. Munida con un cuaderno con el listado de la gente y una lapicera con la que tacha a quien cumplió con la entrega de 10 o 20 pesos, bajo variados fundamentos que no se concretan, cumple su tarea y se va.

La mayoría teme que negarse a pagar ese «peaje» le signifique quedar excluido del programa laboral-social.

En las declaraciones prestadas ante el juez también se ha coincidido en que los beneficiarios reciben vales alimentarios -no todos los meses ni la misma cantidad- a nombre de otras personas que no conocen. Además, serían obligados por Cipriano a canjearlos en un negocio determinado -donde la mercadería es mucho más cara que en un supermercado- bajo la presión que de lo contrario dejarán de percibir esos vales.

También según las denuncias, Cipriano autorizaría a la gente a tomarse vacaciones y determinaría los ingresos. Esta actitud habría quedado acreditada, según algunos beneficiarios que no se animan a ser identificados, en las presiones por parte de Cipriano para participar de las manifestaciones que él mismo encabezaba en reclamo del esclarecimiento de la golpiza de la que resultó víctima Rodolfo Nicola y por la que está procesado el concejal radical Juan Millaguán.

Muchos se quejan por el manejo "prepotente" que mantendría, sobre todo con las beneficiarias, a quienes suele exigirles que esperen en determinados lugares a la intemperie, llueva o haga frío, para realizar reuniones a las que luego no asiste.

Otro dato llamativo es que la señora de Cipriano habría sido detenida por resistencia a la autoridad al negarse a entregar la documentación existente en su casa de los programas laborales cuando el juez ordenó el allanamiento en el inicio de esta investigación.

En un reciente acto en Viedma, el gobernador Miguel Saiz firmó con Cipriano la incorporación de su asociación de desocupados a