NEUQUEN (AN).- El juez federal Guillermo Labate definió ayer la situación de los militares (re) detenidos por los delitos investigados en Neuquén durante la última dictadura militar.

Sin embargo, se excusó de adelantar anoche el fallo, antes de iniciar hoy el proceso de notificación a las partes.

Se trata de una definición judicial histórica en la causa penal que se inició en 1987 con las primeras denuncias de víctimas y sus familiares que en el caso de Neuquén, nunca habían llegado al final de la instrucción penal.

El teniente coronel (re) Oscar Reinhold (72); el mayor (re) Luis Alberto Farías Barrera (77); y el general Enrique Braulio Olea (72) fueron indagados los primeros días de marzo y quedaron detenidos en la delegación neuquina de la policía federal hasta que el juez defina su situación procesal.

Pesan sobre ellos las acusaciones de asociación ilícita, tormentos reiterados y privación ilegítima de la libertad, en algunos casos agravada.

Específicamente, la investigación del juzgado que se cierne en torno a ellos se centró en una veintena de denuncias sobre su rol en el funcionamiento del centro clandestino de detención en Neuquén, denominado "La Escuelita".

Reinhold estaba a cargo de la brigada de inteligencia del comando, tenía rango de mayor en el período 76-77 y de acuerdo a las constancias en la causa, habría definido el ingreso de más de una víctima al centro de torturas que funcionó en los fondos del Batallón. Algunos de los sobrevivientes declararon cómo luego de presentarse ante él espontáneamente fueron encapuchados y llevados hacia el centro clandestino donde padecieron torturas.

Otros aseguraron que al salir del lugar donde recibieron feroces palizas, corriente eléctrica en el cuerpo y permanecían vendados, atados de pies y manos; fueron "liberados" en Comando con su anuencia.

En la ampliación de indagatoria del miércoles pasado, se le exhibió un documento en el que con su firma solicitó el egreso de cuatro detenidos políticos en la U9, cuyo destino fue luego el centro de torturas.