Un fiscal federal pidió a la justicia que investigue si durante la última dictadura argentina (1976/83) hubo casos de violaciones y abusos sexuales a detenidas en cárceles clandestinas.

El fiscal Federico Delgado hizo el reclamo en la causa en que se investigan los delitos cometidos en jurisdicción del I Cuerpo del Ejército.

La fiscalía pidió al juez federal Daniel Rafecas investigar los delitos de violaciones y abusos sexuales en los centros clandestinos de detención Club Atlético, El Banco y Olimpo.

El reclamo pone nuevamente en la mira de la justicia a los ex policías Julio Simón, alias "El Turco Julián"; Samuel Miara, y Juan Carlos Falcon, alias "Kung Fu", entre otros torturadores denunciados por su ferocidad por sobrevivientes.

En la misma presentación Delgado pidió que se eleven a juicio oral los episodios que tuvieron como imputados a Miara, Simón, Falcon, a los comisarios Raúl González, Eduardo Kalinec, Gustavo Eklund y Luis Donocik.

La solicitud alcanza también al oficial del Servicio Penitenciario Federal Juan Carlos Avena, al subcomisario Eufemio Uballes, a los oficiales Oscar Rolón y Roberto Sosa y a los oficiales de Gendarmería Guillermo Cardozo y Eugenio Apestegui.

El fiscal señaló que "el complejo devenir histórico de este proceso se encamina hacia la etapa de juicio oral y público".

Describió que la causa se basa en "la gravedad de los hechos, la carga de violencia que entrañan y la particularidad de que la actividad delictiva se llevó a cabo desde las estructuras de las instituciones". Luego de calificar en varias oportunidades como "feroz e ilegal" la represión de quienes integraban el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional", el fiscal puso su mira en los episodios registrados en los centros clandestinos conocidos como "Club Atlético", "Banco" y "Olimpo", donde los imputados ejecutaron su"plan criminal".

Para el fiscal, los abusos sexuales y violaciones que habrían sufrido las detenidas constituyen una "dimensión más del terrorismo de Estado" que se implantó en el país a partir de marzo de 1976.

La megacausa en la que se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército fue reactivada luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2003. (Télam)