El gobierno denunció ayer ante el Consejo de la Magistratura al juez en lo penal tributario Javier López Biscayart, quien interviene en la causa del llamado Caso Skanska -que investiga supuesta evasión impositiva, pago de sobreprecios y coimas a funcionarios por la construcción de un gasoducto que salpican al ministro Julio De Vido.

El gobierno acusó al juez ante el Consejo -en el que tiene fuerte influencia tras una polémica reforma- de presuntas anomalías en su función.

Desde la oposición calificaron anoche de "alarmante la presión que está ejerciendo el gobierno sobre el Poder Judicial cuando hay una investigación que los salpica".

El gobierno fue advertido recientemente por la Corte por su intromisión en la división de poderes. Lo hizo luego de que Kirchner presionara a los camaristas de Casación, a los que acusó de demorar las causas contra los represores de la dictadura.

En el caso Skanska está involucrada la empresa sueca que lleva ese nombre y que intervino en la ampliación de dos gasoductos, a partir de un proyecto del Ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido, uno de los funcionarios de máxima confianza del presidente Néstor Kirchner.

Una investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el ente que dirige Alberto Abad, descubrió facturas presuntamente truchas en poder de esa firma e hizo la denuncia inicial.

Fuentes gubernamentales dijeron que la denuncia contra el juez Biscayart fue elevada por el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien reaccionó de esta manera ante la reciente decisión del juez de alojar varias horas en una dependencia policial a un imputado en ese expediente, lo que el funcionario nacional consideró un "avasallamiento" a las facultades de su cartera.

Previamente, el magistrado había declarado inconstitucionales las resoluciones ministeriales por las cuales se prohibió ese tipo de detenciones en sede policial. Fernández considera que López Biscayart -uno de los jueces del caso, ya que también interviene el juez federal en lo penal Guillermo Montenegro- "avasalló" las funciones de la cartera política.

De tal manera, ahora el Consejo de la Magistratura, presidido por Pablo Mosca, deberá evaluar si inicia el proceso de juicio político a López Biscayart.

Los argumentos

Voceros del Ministerio del Interior reiteraron que "en este caso del procesado con prisión preventiva debió ser alojado en una cárcel". Y también desestimaron el presunto argumento del magistrado de mandar al acusado

-Adrián López, de una empresa supuestamente "fantasma"- a la Dirección de Investigaciones de la Policía Federal, en Villa Lugano, y luego a la cárcel contravencional de la Capital Federal, como medida para resguardar su seguridad.

Con el devenir de la pesquisa judicial por Skanska fue detenido y procesado López, integrante de una de las firmas supuestamente "fantasma" que había facturado servicios y trabajos que no pudieron ser comprobados, como presunto miembro de una asociación ilícita, en el marco de una posible evasión fiscal.

Finalmente Skanska admitió las anomalías y pagó una multa de 13 millones de pesos a la AFIP. Pero a la vez el fiscal federal Carlos Stornelli y el juez federal Guillermo Montenegro investigan si ese procedimiento esconde el pago de coimas.