El presente y el pasado parecieran haber dejado un vacío inseguro, como si el cuerpo y el alma de un ser humano estuviesen disociados.

Los deberes pendientes en materia de una verdadera reforma del Estado municipal vienen marcando el paso. La cuestión comenzó a cobrar fuerza a medida que sorpresivamente, los supuestos infractores de normas de tránsito y comercio que tiene esta ciudad, se enteraron con varios meses de demora -casi un año- que continúan en esa categoría.

Si bien algunos ni recordaron el probable acto por el que habrían incurrido en una falta de disciplina, como para tratar de hacer un descargo; queda al desnudo lo que no viene haciendo el Estado desde nunca.

Las explicaciones oficiales es que el Juzgado de Falta no cuenta con personal suficiente como para tener un mecanismo aceitado que agilice los trámites. En los '90, cuatro empleados del sector juntaban expedientes en un mugrosa oficina cuyas paredes se venían abajo en el viejo edificio municipal. Por lo menos esto desafinó la gestión de cinco intendentes anteriores al actual Jorge Ferreira.

Hoy cuentan con un lugar más cómodo, en la histórica manzana salesiana. Siguen siendo cuatro empleados con un cascarón vacío de contenido. El propio juez de colgó de las quejas de morosidad sobre cómo funciona ese poder. Lo cierto es que hasta ahora sigue como asignatura pendiente un mejor servicio para confirmar o no, los castigos.

Al mismo tiempo, los taxistas se manifestaron ni como libres y ni obedientes. Sí, dejaron trascender su espontaneidad para tratar de preservar sus vidas, frente a los hechos de violencia a que se ven sometidos. Les sirvió su planteo, como para arrancarle a la Policía una prueba piloto. La idea es que cuando deban recorrer zonas de chacras, puedan ejercer el derecho ante funcionarios de seguridad para que soliciten documento a los pasajeros. Así, abrir el paraguas sobre a quien tienen sobre el asiento trasero. Hace casi un año, que los trabajadores del volante buscan no quedar excluídos frente a toda clase de desafíos a que se ven sometidos.

La maquinaria municipal está a la expectativa de los efectos positivos que pueda dejar la publicación lanzada la semana pasada del listado de morosos. Se trata de unos 600 contribuyentes que no han pasado por las oficinas recaudadoras, por lo que la comuna les reclama cinco millones de pesos. Por lo que se pudo verificar, hubo más preocupación al "escrache" en los momentos previos a la divulgación que por lo efectivamente recuperado hasta ahora.

El municipio ya apeló a la vía de apremios judiciales con un millar de expedientes, aunque a veces aparecen algunas causas tribunalicias como si fueran un bumerang. El entredicho del año anterior con Vialidad Nacional por el uso de espacios físicos para colocar los carteles de ambos organismos derivó en un juicio contra el intendente. El actual edificio que ocupa la comuna pertenece a ese organismo nacional, y más allá de cierto folklore urbano en los operativos de tapar carteles, Vialidad está haciendo valer sus derechos. Entabló una demanda por alquileres impagos de casi nueve años y solicitó atender una deuda de servicios públicos de 15 años.

Con todo, la vida sencilla no permite ver aún que existan compromisos a fondo, pasión por la cosa pública y tener presente nuevos desafíos a cumplir para satisfacer a una masa anónima.

ENRIQUE CAMINO

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