WASHINGTON, D.C.- Al evaluar la libertad de expresión en las Américas durante 2006, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA llamó la atención sobre el aumento registrado durante al año en los asesinatos de comunicadores en la región y la persistente impunidad en que quedan tanto estos homicidios como las agresiones y amenazas a periodistas. El informe de la Relatoría está incluido en el texto presentado por la CIDH a la OEA el pasado 29. El informe de la Relatoría Especial registra 19 asesinatos en 2006 por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión y señala que esta cifra revierte la tendencia decreciente en este tipo de homicidios que venía registrándose en el hemisferio en los últimos tres años. El informe indica que la mayoría de estos crímenes queda en la impunidad, lo cual propicia que ocurran nuevos asesinatos y genera autocensura en los comunicadores.

Asimismo, el informe registra más de 200 casos de agresiones y amenazas contra comunicadores y añade que frecuentemente estos hechos no se investigan.

El informe anual destaca además otras restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión que tuvieron lugar en 2006, como la utilización por parte de funcionarios públicos de procesos penales contra periodistas por los delitos de desacato, difamación, injurias y calumnias, la asignación discriminatoria de publicidad oficial y la negativa de funcionarios públicos a entregar información en manos del Estado cuando les es solicitada.

"Desde una perspectiva histórica, el derecho a la libertad de expresión ha ganado terreno en las Américas, especialmente como resultado de las transiciones a la democracia. Sin embargo, los obstáculos al ejercicio de la libertad de expresión encontrados en 2006 son realmente preocupantes", dijo el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Ignacio J. Alvarez. "Urgimos a los Estados a tomar cuanto antes todas las medidas a su alcance para investigar y hacer justicia en los casos de asesinatos, agresiones y amenazas, y a diseñar políticas públicas de protección y fortalecimiento del derecho a la libertad de expresión".

Las recomendaciones

Entre las recomendaciones a los Estados americanos, se incluyó la de "Derogar de las legislaciones el delito de desacato y modificar las disposiciones pertinentes de los códigos penales y leyes relacionadas, a fin de eliminar la utilización de procesos penales para proteger el honor o reputación cuando se difunde información sobre asuntos de interés público".

También se instó a "abstenerse de utilizar el poder público para castigar o premiar en relación a la línea editorial de los medios y de los periodistas, ya sea a través de la asignación discriminatoria y arbitraria de la publicidad oficial, procesos administrativos, presiones u otros medios indirectos encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones", así como "abstenerse de adoptar acciones que afecten el pluralismo y adoptar asimismo medidas legislativas y de otra índole para garantizarlo".

La Relatoría recomendó "legislar en materia de radiodifusión comunitaria, de manera que se destine parte del espectro a radios comunitarias, y que en la asignación de estas frecuencias se tomen en cuenta criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a las mismas, conforme al Principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión".

Recomendó también "adoptar legislación sobre acceso a la información que incorpore los estándares internacionales sobre la materia, e instrumentar prácticas en el marco de políticas de transparencia y lucha contra la corrupción", así como "adecuar su legislación interna conforme a los estándares sobre libertad de pensamiento y expresión".