EL BOLSON (AEB) Hace seis años que Juan Manuel Gramajo, cabo de la Policía rionegrina y víctima de un severo cuadro de estrés postraumático, espera en vano su retiro de la fuerza. Hay pruebas y documentos, así como informes de innumerables juntas médicas por las que Gramajo pasó, que dan cuenta de opiniones y diagnósticos profesionales autorizados que recomendaron su retiro definitivo. Sin embargo, nadie le da respuestas.
Por caso el de la jefa del servicio de Salud Mental del hospital de El Bolsón, la psiquiatra Analía Broide Schachter, que el 19 de octubre de 2004 certificaba la solicitud de una "junta médica de Psiquiatría y el retiro de la fuerza". También añadía que "es sumamente necesaria la continuación del tratamiento farmacológico", cuestión que por otra parte debe afrontar con sus propios recursos, según dijo Gramajo, porque la ART Horizonte no se los cubre.
Por si fuera poco, la jueza federal María del Carmen García, en sentencia del 31 de octubre de 2006, dice que el policía "sufre una incapacidad permanente, total y definitiva del 79,15% que tiene relación causal con el accidente de trabajo sufrido el 29/9/2000".
El agente fue baleado en dos oportunidades en el transcurso de su carrera; de ambas dio cuenta "Río Negro" (ediciones del 13 de julio de 1996 y del 30 de setiembre de 2000). La primera vez en el brazo derecho, en Bariloche, y la segunda en ambas piernas en el barrio Don Bosco, de Cipolletti. De resultas de los dos episodios, el hombre muestra secuelas físicas y mentales. Por mucho tiempo, las juntas médicas que le realizaban para certificar la no prestación de servicios atendieron sólo al aspecto físico y nunca al psicológico. A raíz de ello, en octubre de 2004 fue intimado a retomar labores en la comisaría 12 de El Bolsón, "bajo apercibimiento de sumario por abandono de servicio" y amenaza de "retención de haberes". "Estuve dos meses cumpliendo horario sentado en la cocina y soportando la burla de mis compañeros", dice.
La obtención del retiro depende del resultado final de un sumario administrativo que inexplicablemente se demora. Hoy por hoy, Gramajo y su defensor, el comisario Waldo Argañaraz, ni siquiera saben dónde está el expediente... si en Roca, Bariloche o El Bolsón. Para más, Argañaraz ha sido apartado de continuar defendiendo a policías, de manera que Gramajo debe nombrar a un nuevo para que lo asista, dentro de la oficialidad de la comisaría de El Bolsón, donde se halla destinado y reside junto a su esposa y cuatro hijos. "No confío en nadie", se anima a decir.
Gramajo acusa también importantes perjuicios económicos como que se ignoró el reglamento policial por el cual alguien herido en acto de servicio debe ser ascendido al grado superior cosa que con él no sucedió-. Los medicamentos le cuestan entre 80 a 90 pesos por mes que abona de su bolsillo porque la ART Horizonte no los cubre y el Ipross tampoco. Añade que el único ingreso familiar es su sueldo de cabo. La conclusión del sumario no terminará con las angustias de la familia Gramajo. Solo será el paso previo para que un decreto del gobernador disponga el retiro y su tramitación ante la Anses. Ello le permitirá al cabo solicitar la indemnización correspondiente ante el Instituto Autárquico Provincial de Seguro de Río Negro (IAPS).
