VIEDMA (AV).- La trama de presunto encubrimiento policial a proxenetas revelada a partir del caso de Otoño Uriarte generó anoche las primeras consecuencias contundentes.

El gobierno provincial y la Jefatura de la fuerza desplazaron de sus cargos a dos jefes y un suboficial, hasta tanto la justicia determine si son responsables de algún delito o irregularidad en el desempeño de sus funciones.

El comisario de Fernández Oro, Ives Vallejos, el subcomisario de Choele Choel, Moisés Rodríguez y el suboficial César Cayumil, también de la unidad Octava, fueron apartados y trasladados a la Regional Segunda por orden de la Jefatura.

En reemplazo de Vallejos fue designado el subcomisario de esa dependencia, Dante Vázques.

El subsecretario de Seguridad y Justicia de Río Negro, Miguel Angel Bermejo, anticipó que estos cambios serán comunicados hoy a la jueza María del Carmen García García.

Sobre los dos policías de Choele Choel se indicó que la decisión obedece al interés de " quitarlos del medio en cuanto a la relación que puedan tener con algún proxeneta de la zona para darle trasparencia y el terreno libre a la Justicia para que investigue como lo debe hacer".

Bermejo adelantó además que hoy presentará ante el juez penal de turno en Viedma una denuncia para que se investigue cuál fue la fuente que permitió la publicación de la información referida a las escuchas telefónicas que pusieron bajo la lupa a uniformados del Valle Medio.

Requerirá saber si han sido extractadas del expediente judicial, quién fue el funcionario público que incurrió en la conducta prevista en el artículo 157 del Código Penal (aquel funcionario público que revelare hechos, actuaciones o documentos que por ley deben quedar secretos) y si es producto de algún otro documento "que debió quedar secreto a los efectos de no entorpecer la investigación por la desaparición de Otoño".

A pesar de que el expediente no está reservado sólo a funcionarios judiciales, por existir una parte querellante con acceso al mismo, en el gobierno se extendía anoche que la sensación de que hubo una intencionalidad política en el aporte de información a "Río Negro".

Por otra parte, se anticipó que el subjefe de la Policía, Víctor Cufré, también presentará una acción judicial como funcionario público en el marco del artículo 56 de la Constitución provincial, que obliga a los funcionarios a vindicarse cuando son acusados de haber cometido algún delito.

El secretario de Seguridad sostuvo que Cufré no estuvo al frente de la investigación por el caso de Otoño Uriarte y que "si dijo que la joven se había ido por sus propios medios lo hizo en el marco de testimonios que obraban en el expediente y que indicaban que la chica tenía problemas con su familia".

"No creo que eso sea un factor determinante y que debamos ahora cargar las tintas sobre el subjefe porque acá el principal responsable de la investigación es la Justicia", agregó.

Aclaró también que a cargo de la investigación estuvo Vallejos como jefe de la comisaría de Fernández Oro y destacó que "la Policía no escatimó esfuerzos ni medio que tuviera a su disposición para esclarecer este hecho".

Dijo desconocer si hubo un ofrecimiento de apoyo del Programa Anti Impunidad de la Nación y aviones de la Fuerza Aérea lo que calificó como "un disparate" tanto como pensar que las policías de otras provincias no estaban al tanto de la desaparición de la joven. En este sentido señaló que la Secretaría de Seguridad de Río Negro "está las 24 horas conectada con la secretaría nacional dependiente del Ministerio del Interior "a donde a diario se informa sobre los hechos delictivos que ocurren y ellos son los que trasmiten a las fuerzas armadas nacionales y las policías provinciales".

Bermejo sostuvo que tampoco se tuvo información sobre la convocatoria judicial de personal de la Policía Federal para investigar ni el resultado de esta actuación, al tiempo que destacó que "recién el mes pasado fue resuelta una cuestión de competencia y la causa se encuadró en una cuestión del juzgado de Familia". Tras señalar que hoy "se considera que existe una privación ilegítima de la libertad y que se está investigando, en buena hora, pero estamos lejísimo de poder inculpar a la Policía o ponerla bajo sospecha públicamente sin tener pruebas concretas que lleven a suponer que hubo negligencia o escamoteo por parte de la Policía. Me consta cómo se trabajó".

En relación al presunto encubrimiento policial de proxenetas, Bermejo sostuvo que "si este hecho ocurrió hace un tiempo atrás en el marco de la investigación por la desaparición de Otoño no entiendo cómo todavía no se investigó, no se abrió causa penal".