El abogado Ricardo Monner Sans denunció ayer ante la Justicia que desde el Ministerio de Economía se habrían pagado 200 millones de pesos en bonos a herederos del Grupo Greco, antes de que desde esa misma cartera se gestionaran fondos para cancelar casi 600 millones a fines de 2006.

El pago del más de medio millón de pesos no se concretó, pues senadores radicales advirtieron la supuesta irregularidad del desembolso y quedó neutralizado en la Cámara Alta el proyecto respectivo que daba vía libre al resarcimiento.

El Grupo Greco era un conglomerado mendocino de 44 empresas que quebró en 1980; su caída tuvo un fuerte impacto negativo en la economía provincial, y el Estado, en manos de los militares, se hizo cargo de parte de los débitos y luego lo expropió. El grupo demandó al Estado y la Justicia ordenó resarcirlo en un monto que alcanza los 598 millones de pesos.

Según documentación que presentó ayer Monner Sans a la que tuvo acceso la agencia DyN "en el sector de Deuda Pública (del Ministerio) habrían advertido que en el pasado se habrían hecho pagos con bonos al Grupo Greco del orden de los 200 millones de pesos".

Ello surgiría -siempre según la presentación hecha ayer ante el juez federal Sergio Torres- "de la comprobación de lo que se conoce como el listado histórico".

Más aún, Monner Sans sostuvo que "se elevó el tema en consulta a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio para saber si aquel pago podía ser disminuido de lo que el Ministerio impulsó como ley para pagar al grupo Greco", es decir los casi 600 millones de pesos requeridos por la ministra Felisa Miceli y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

"El escándalo suscitado alrededor de este tema detuvo el andar de la consulta", añade el escrito presentado ante el juez.

Fuentes del Ministerio de Economía consultadas por esta agencia rehusaron dar su opinión sobre la denuncia de Monner Sans y ratificaron su voluntad de "ceñirse a la evolución de la investigación".

Recientemente los senadores radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales le pidieron a la Justicia que intime a la ministra Miceli para que responda sobre la controversial cuestión.

Los legisladores plantearon ante la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento un pedido de "pronto despacho" para que Miceli responda 17 preguntas.

En ese listado se destaca el reclamo sobre si "existen informes respecto de la determinación del monto y la consistencia de la deuda con el Grupo Greco y las obligaciones de dicho Grupo con el Estado por parte del Servicio Jurídico del Ministerio de Economía".

Este dato, destacaron fuentes allegadas a los legisladores radicales, no es menor pues podría cambiar la posición del Estado argentino, de deudor a acreedor del Grupo Greco.

Sanz y Morales también preguntaron si "existe alguna opinión, intervención o informe técnico por escrito" de la ministra Miceli "solicitando la cancelación de la deuda con el Grupo Greco o advertencia alguna al presidente de la Nación (Néstor Kirchner) o al jefe de Gabinete de Ministros (Alberto Fernández) para no cancelar las mismas e investigar la situación".

El tema desató un escándalo recientemente, ya que la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para el pago en medio de la sanción de otras iniciativas, pero el Senado advirtió que se trataba de una situación aparentemente anómala y dispuso su rechazo. Ello derivó en una investigación judicial donde quedó involucrado el Ministerio de Economía. (DyN)