SANTIAGO DE CHILE (DPA) - La presidenta chilena, Michelle Bachelet, enviará esta semana al Congreso una reforma que persigue democratizar el sistema electoral, eliminando el último resabio político de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).

La iniciativa, negociada infructuosamente por 17 años, considera la inclusión proporcional de minorías en la Cámara de Diputados, como el Partido Comunista, ecologistas y grupos regionales. Ellos dispondrían de 20 escaños de un total de 140, según fuentes de gobierno.

Desde la oposición de derecha surgieron ayer voces que se opusieron a la iniciativa, que reduce la influencia de ese sector. Otras condicionaron su apoyo a la promulgación de normas que coarten la intervención electoral del gobierno, como dijo el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín. Además acusaron a Bachelet de usar esta reforma para tapar la crisis que enfrenta su gobierno desde hace ocho semanas por las fallas en la implementación del nuevo sistema de transporte público de la capital. Los cinco millones de santiaguinos tienen serios problemas o deficiencias para trasladarse a sus trabajos y estudios. De hecho, la popularidad de la mandataria cayó a sólo 45% y debió nombrar su tercer gabinete en un año de gestión, en medio de protestas sociales en la capital.

"Cada vez que el gobierno tiene un problema en Chile, saca este tema (electoral)", advirtió el senador Juan Coloma, de la derechista Unión Demócrata Independiente, el principal partido de la oposición.

En el oficialismo, apoyaron la idea de Bachelet y llamaron además a fortalecer la participación política, estableciendo un sistema electoral que considere inscripción automática, voto obligatorio y renuncia voluntaria. Hoy en Chile, la inscripción es voluntaria y el voto obligatorio. Desde el retorno a la democracia en 1990, el país cuenta además con un sistema electoral no proporcional heredado del régimen militar.

Este modelo permite sólo la elección de dos congresistas por distrito, lo que obliga a la formación de alianzas (básicamente la Concertación y la derechista Alianza por Chile), le da a la derecha el 50% de los escaños con el 38% de votos e impide la representación de minorías con hasta el 10%, como el PC. Por ello, la oposición de derecha mantiene hoy un peso tanto en la Cámara como en el Senado, que le permite trabar iniciativas de rango constitucional, pese a haber perdido 14 elecciones consecutivas desde 1990. Dichas reformas, hasta ahora inviables, apuntan a rediseñar el modelo neoliberal de desarrollo que convive en Chile con políticas públicas socialdemócratas.