WASHINGTON (AFP) - La Corte Suprema estadounidense rechazó ayer el recurso de decenas de prisioneros en la base naval de Guantánamo (Cuba) que solicitan el derecho a presentar su caso ante un tribunal federal para apelar su detención, según informaron sus abogados.
De esta forma, los 385 presos de esa base militar estadounidense, entre los cuales algunos llevan ya cinco años detenidos en el marco de la lucha antiterrorista, dependen únicamente de tribunales militares y no podrán acudir a la justicia ordinaria.
Tres de los jueces hicieron saber que hubieran querido estudiar el tema, pero según las normas de la corte, se precisaba que cuatro de ellos lo aceptaran. Otros dos jueces explicaron que es aún muy temprano para pronunciarse porque los detenidos no han agotado sus recursos.
"A primera vista, estamos muy satisfechos de esta decisión", indicó la portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino.
El centro de detención de Guantánamo tiene cerca de 385 detenidos: de 60 a 80 serán procesados por un tribunal militar, mientras que 85 serán devueltos a sus países de origen.
La decisión afecta sobre todo a los más de 200 que quedan en un limbo legal.
Quejas opositoras
El director del Centro para los Derechos Constitucionales, Vincent Warren, que representa a otros detenidos, dijo que "la Corte Suprema una vez más postergó la resolución del futuro de estos prisioneros". El senador demócrata Christopher Dodd, que impulsa una ley para restaurar los derechos básicos de los detenidos, dijo que la decisión de la Corte Suprema es "extremadamente lamentable".
El 20 de febrero, la Corte de apelaciones federal de Washington sostuvo que estos prisioneros no podían llegar a la justicia federal para denunciar su detención, a pesar de ser un derecho garantizado por la Constitución estadounidense. No obstante, en 2004, la Corte Suprema había declarado que los presuntos terroristas deben tener acceso a un tribunal para apelar su detención. Luego el gobierno puso en práctica un procedimiento de "revisión del estatuto del combatiente enemigo".
Los abogados defensores, que señalaban como este procedimiento administrativo donde los detenidos comparecían sin la presencia de abogados no correspondía a lo que la Corte Suprema exigía, presentaron un nuevo recurso que desembocó en la decisión de febrero.
Mientras tanto, una disposición de la ley sobre el trato a los presuntos terroristas -promulgada en otoño (boreal)- impidió a los "combatientes
enemigos" llegar ante la justicia federal antes de ser juzgados por un tribunal militar de excepción.
La batalla legal
La decisión de ayer es el último capítulo legal en un duro debate respecto al tratamiento de los internos de Guantánamo, que llevó a la "guerra contra el terrorismo" a un conflicto con las libertades civiles que prevé la Constitución estadounidense.
El presidente George W. Bush ha designado a cientos de sospechosos de terrorismo como "combatientes enemigos" y Estados Unidos los ha mantenido detenidos en Guantánamo por años sin presentarlos ante tribunales militares por los cargos que se les imputan.
La Corte Suprema falló en junio de 2006 que los tribunales militares eran ilegales porque no fueron autorizados por el Congreso, una omisión del legislativo que se remedió con la legislación aprobada cuatro meses después.
Los detenidos en Guantánamo argumentaron no estar cubiertos por la Ley de Comisión Militar que prohibió a los sospechosos apelar su detención en cortes civiles. El fallo del tribunal de apelaciones calificó como "sin sentido" el argumento de los detenidos de que la ley tiene un vacío que les permite presentar un recurso de hábeas corpus, que prohíbe la detención sin cargos formales o pruebas.
El tribunal de apelaciones también rechazó el derecho de los detenidos a denunciar que la ley viola la Constitución estadounidense, que establece que el hábeas corpus puede ser suspendido sólo en caso de rebelión u otra situación extraordinaria.
En la última acción legal en Guantánamo, el australiano colaborador de Al Qaeda David Hicks fue el viernes condenado a nueve meses de prisión que podrá cumplir en su país, luego de declararse culpable de terrorismo y retirar la acusación de haber sufrido abuso por parte de las autoridades estadounidenses.
