VIEDMA (AV).- Elevaron a juicio la causa en la que se encuentran procesados los abogados viedmenses Francisco Sánchez y Juan José Zalesky.
Al primero de ellos se le imputan los delitos de "peculado" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público" por haber obtenido el mandato de unos 1.200 policías para iniciarle juicio al Estado en colaboración con Zalesky, quien tramitó las acciones que finalmente resultaron favorables para los uniformados y el estudio de abogados que los patrocinó.
A Zalesky, en tanto, se lo consideró "cómplice necesario" ya que en su carácter de abogado particular habría aceptado que Sánchez gestionara poderes judiciales de policías a su favor para iniciar juicios contra el Estado, sabiendo que Sánchez estaba imposibilitado de hacerlo. Esta conducta posibilitó que Zalesky cobrara honorarios y Sánchez algún lucro.
En la resolución de elevación a juicio, el juez penal subrogante Alejandro Moldes atribuyó a Sánchez que en Viedma en una fecha no precisada con exactitud pero ubicable entre 1997 y 2004, en su carácter de asesor letrado de la Jefatura de la Policía de Río Negro, "habría indebidamente y a sabiendas de su improcedencia" gestionado poderes judiciales del personal policial de la provincia con el fin de facultar al abogado particular Zalesky a iniciar acciones legales contra el Estado rionegrino con motivo de los descuentos salariales aplicados por las Leyes Nº 2.502 y 2.990.
Agregó que Sánchez habría también participado tanto en dinero efectivo como en bonos de los honorarios correspondientes "en tanto estaba imposibilitado de hacerlo por si, por ser abogado de un organismo estatal, por lo que mediante esta maniobra podía percibir honorarios a través de otro profesional".
Consideró el juez que para ello habría utilizado medios y personal de la Jefatura, en particular la saca policial para la remisión y recepción desde el interior de la provincia de los poderes, habiéndose encargado personalmente de diligenciar el otorgamiento de aquellos, la recopilación de los datos de los eventuales clientes desde la dirección de Personal, Logística y Finanzas; así como del sistema de informática y computadoras. Sostuvo que además y valiéndose Sánchez de su autoridad como subcomisario, habría dado directivas al personal a su cargo sobre la recepción, control y entrega de poderes y atención de todo tipo de requerimiento del personal policial sobre consultas acerca de trámites de los juicios que se habrían iniciado. Habría realizado reuniones con el personal, avaladas por la autoridad policial, en dependencias de la jefatura para explicar las condiciones y expectativas de la acción judicial a iniciar y la posibilidad de otorgar mandato a un estudio jurídico determinado a través de él. Moldes añadió que en ese marco y con el fin de obtener algún lucro habría contado con la colaboración necesaria de su cónyuge, la abogada Sandra Bombardieri, quien en ese momento se desempeñaba en la Fiscalía de Estado a cargo de la supervisión de los letrados de ese organismo.
