SANTIAGO (AFP) - La jornada de protesta que el jueves dejó un saldo de 819 detenidos y 22 policías heridos en Chile se convirtió en el último de una serie de estallidos de violencia juvenil callejera, cada vez más frecuentes y preocupantes para las autoridades chilenas.

Los mayores disturbios se presentaron en Santiago, concentrándose en el día en el centro y por la noche en una decena de barriadas pobres. Pero también produjeron desórdenes en Valdivia, Concepción y Valparaíso. En total hubo protestas "en 42 puntos del país", dijo el subsecretario del Interior, Felipe Harboe. Entre un 80 y un 90% de los detenidos son menores de edad, en su mayoría por debajo de los 16 años, según la intendenta (gobernadora) de Santiago, Adriana Delpiano.

Ese factor preocupa especialmente a las autoridades. "No vamos a aceptar que un grupo de muchachos irresponsables, junto con algunos delincuentes, hayan agredido a las personas y alterado la vida de todos", dijo en tono enérgico la presidenta Michelle Bachelet. "No es posible que chiquillos salgan a las calles a agredir y destruir. Eso no tiene justificación alguna", agregó .

Los disturbios dejaron cuantiosos daños materiales. Sólo en mobiliario público del centro de Santiago las pérdidas fueron estimadas en más de 100.000 dólares. Un autobús nuevo fue completamente incendiado por una turba de jóvenes en la comuna de Pudahuel, en el norte de la ciudad, y dos minimercados fueron saqueados. El automóvil que conducía una jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago fue destruido por jóvenes.

Los disturbios respondieron a un llamado a protestar convocado por grupos de izquierda en conmemoración del llamado "Día del Joven Combatiente" . Todos los años la conmemoración desata estallidos de violencia aislada. No obstante, este aniversario fue utilizado ahora para canalizar la ira de miles de usuarios descontentos por el fallido nuevo sistema de transporte instaurado en Santiago en febrero y por escolares que volvieron a pedir la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, dictada durante la dictadura de Pinochet (1973-1990). La normativa, que privatizó la educación y dejó en manos de los municipios la administración de las escuelas públicas, fue el centro de fuertes reclamos de estudiantes secundarios mayo pasado.