El gobierno nacional avanzó ayer por segunda vez, en menos de 48 horas, sobre la disputa con el Reino Unido, y resolvió que no podrán operar en la plataforma continental aquellas empresas petroleras que exploren, exploten o realicen todo tipo de tarea logística en "nuestras Islas Malvinas" bajo la legislación británica.
La nueva resolución exigirá a las empresas inscribirse ante al gobierno nacional y que conste que no operan ni ellos ni subsidiarias o prestatarias, sin autorización argentina en la plataforma continental. Así lo anunció en la Casa Rosada el ministro de Planificación, Julio De Vido, que adelantó la resolución correspondiente que lleva la firma del secretario de Energía, Daniel Cameron. Consultado sobre cuál sería la reacción de Gran Bretaña, De Vido afirmó que "nos tiene sin cuidado la opinión de una potencia extranjera en relación a lo que decida la Argentina sobre su propio territorio".
La medida, que determina requisitos que deben cumplir a partir de ahora las empresas que actúan en la plataforma continental, prevé sanciones para aquellas que no cumplan y van desde multas hasta la baja del servicio y la caducidad de la concesión. "No podrán operar en la Argentina, explorando, explotando y realizando toda tarea de tipo logístico aquellos que hayan prestado servicios en nuestras islas Malvinas bajo la legislación del Reino Unido", dijo De Vido.
El ministro admitió que ésta es "una medida preventiva y retroactiva" porque, explicó, "no tengo precisiones sobre lo que está pasando en la plataforma de Malvinas", pero "entiendo que hoy no hay empresas petroleras" actuando en esa área, aunque "puede ser en el futuro". Remarcó entonces que la resolución del gobierno es "para las nuevas inscripciones y las viejas que sean renovadas y debe ser cumplidas por todas las compañías que presten servicio de exploración, explotación, prospección sísmica, logística, etc, en territorio argentino bajo la legislación argentina".
Según De Vido, las sanciones serán de multas para "las empresas que no presten declaraciones juradas de cumplimiento de sus obligaciones e incompatibilidades con lo que prevé la nueva resolución", al tiempo que se prevé "la baja del servicio para aquellas empresas que persistan en su obligación de no informar sobre sus actividades". Además, se incluye "la caducidad de los permisos y concesiones de aquellas empresas que en forma directa, o a través de sus accionistas no cumplan con las restricciones de contratación establecidas en esta resolución". (DyN)
