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Viernes 30 de Marzo de 2007
 
Edicion impresa pag. 23 > Municipales
No quieren un centro de recuperación de inimputables
Son vecinos del barrio Ceferino de Viedma
Trasladarían a una vivienda del barrio Ceferino personas en conflicto con la ley.
Trasladarían a una vivienda del barrio Ceferino personas en conflicto con la ley.
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VIEDMA (AV)- Los vecinos del barrio Ceferino anunciaron que si es necesario se movilizarán para frenar el traslado a un centro asistencial de ese sector de la ciudad de personas en conflicto con la ley. Entre ellas se encontrarían dos personas supuestamente involucradas en casos de violación, por los cuales habrían sido declarados inimputables.

El presidente de la Junta Vecinal, Julio Gironde, dijo a "Río Negro" que la medida será resistida y forma preventiva ya se presentaron 200 firmas oponiéndose a la medida.

Indicó que el director del hospital Zatti, Daniel Chiozzo, le comunicó que "a esas cinco personas no puede seguir teniéndolas en el hospital, y como Salud Pública cuenta con las viviendas en ese barrio, hay que trasladarlas allí".

El dirigente reveló que ese tipo de unidades, asignadas al ministerio, no cuentan con tapiales ni cercos perimetrales "lo cual es un riesgo" dado que allí "juegan niños de corta edad".

Por otro lado, admitió que la gente del barrio no tiene ningún tipo de inconvenientes con quienes asisten a esos centros institucionales en recuperación de sufrimiento mental en el marco de un tratamiento ambulatorio, pero "advirtió que lo que se pretende es distinto".

A raíz de esta situación, las negociaciones continuarán con los organismos oficiales incluso con la intervención de la Defensoría del Pueblo frente a la resistencia que oponen los vecinos.

Al respecto, la titular de la defensoría, Ana Piccinini, dijo que "habrá que darle continuidad con el trabajo de cada sector y mantener un contacto permanente entre todos".

Entre las medidas a tomar como parte de la seguridad en general del complejo habitacional, en las última reunión concretada en la Junta Vecinal, se propuso la realización de un censo habitacional en el sector con el propósito de determinar la ocupación o tenencia de las viviendas.

En un barrio contiguo el Sargento Cabral existe un antecedente similar. Durante el 2003, un grupo de vecinos de Viedma planteó a las autoridades sanitarias su oposición a que un paciente hospitalario del Servicio de Salud Mental, declarado inimputable como partícipe secundario de un asesinato, sea alojado en una vivienda que había sido alquilada especialmente.

 
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