La Cámara baja dio anoche sanción y remitió al Senado el proyecto que simplifica el trámite del divorcio, al eliminar la obligatoriedad de la audiencia conciliatoria entre las partes.

El proyecto, que unifica sendas iniciativas presentadas por las diputadas Marcela Rodríguez (ARI) y Alicia Tate (UCR), suprime la obligación del juez de instar a la conciliación y de convocar a una segunda audiencia en el mismo sentido cuando exista una presentación de divorcio o separación conjunta de las partes.

También, la norma dispone que el magistrado a cargo del juicio de divorcio sólo debe "convocar" a las partes y corroborar su "voluntad inequívoca de proseguir con el proceso".

El magistrado, según el texto aprobado, podrá "objetar una o más estipulaciones de los acuerdos celebrados cuando, a su criterio, ellas afectaren gravemente los intereses de una de las partes o el bienestar de los hijos".

La demanda conjunta podrá contener acuerdos de tenencia y régimen de visitas de los hijos, atribución del hogar conyugal y cuota alimentaria.

El proyecto fue votado por 134 votos afirmativos y cosechó sólo dos sufragios adversos del formoseño diputado del Frente Para la Victoria Juan Carlos Díaz Roig y de su comprovinciano y compañero de bancada Rodolfo Roquel. Y además hubo cuatro abstenciones

Aval para los DNU

El oficialismo en la Cámara baja consiguió aprobar siete decretos de necesidad y urgencia firmados por el Poder Ejecutivo, que van desde el otorgamiento de aumentos salariales para miembros de fuerzas de seguridad, la compra directa de radares y la toma de créditos internacionales para la construcción de hospitales.

Los DNU fueron aprobados por 88 votos del oficialismo y sus aliados, 32 en contra del radicalismo, PRO y ARI, que cuestionaron sobre todo la utilización indebida de los decretos por parte del Ejecutivo.

El radical cordobés Oscar Aguad recordó que la Constitución Nacional "exige que haya estado de necesidad" y una situación de clara "urgencia" para la firma de los DNU, es decir que "únicamente debe dictarse en circunstancias excepcionales".

El lopezmurphysta Pablo Tonelli, también, fue contra lo que consideró la utilización de los decretos, más que contra el fondo de los mismos, y recordó que, según la Constitución, la comisión bicameral conformada para el tratamiento de los mismos debe expedirse sólo sobre "si están dadas las condiciones de necesidad y urgencia" para la "utilización de esta excepcionalísima facultad" del Ejecutivo.

Además, recordó que los decretos fueron firmados "en período de (sesiones) ordinarias" del Congreso y que "ninguno de ellos atendía una situación tan súbita y urgente que requiriera" evitar al parlamento y su rápida ejecución. (DyN y Télam)