BUENOS AIRES (ABA) .  La Corte Suprema de la Nación busca dar señales para no quedar atrapada por las partes en conflicto: ni con el presidente Néstor Kirchner, ni con la Cámara de Casación (cuya máxima autoridad, Alfredo Bisordi, salió al cruce del propio jefe de Estado).

Los miembros del máximo tribunal del país, apuntaron con su pronunciamiento de anteayer a enfriar el clima de tensión que esperan se diluya. "Se pidió mesura y equilibrio en el control de los magistrados, pero se reconoció el derecho incluso del jefe de Estado- de cuestionar a los jueces", señaló una fuente de la Corte satisfecha ayer con la repercusión.

Consultado por "Río Negro" un vocero de la cabeza del poder judicial, negó la versión de que su titular, Ricardo Lorenzetti, haya tenido algún contacto con la Casa Rosada antes que se diera a conocer dicha declaración.

"Incluso sabemos que pudo provocar cierta molestia en el Ejecutivo prosiguió la misma fuente- porque el mensaje fue de rechazo a las presiones contra el poder judicial, aunque decir que la división de poderes está en peligro no es la lectura que hace la mayoría de los jueces del más alto tribunal".

Es más, lo que dice la Corte es que "están vigentes los controles que establece la Constitución nacional que rigen para los tres poderes del Estado".

Para reforzar el mensaje, en la víspera la Junta de presidentes de las Cámaras nacionales y federales de todo el país -tras reunirse con Lorenzetti- subrayó mediante un comunicado su "coincidencia en todo" con el texto emitido por la Corte Suprema.

Los especialistas discreparon frente a la declaración de la Corte Suprema de Justicia.

El constitucionalista, Félix Lon, destacó el llamado del tribunal a la "prudencia" y la "sensatez", aunque calificó de "aberrantes" tanto las expresiones presidenciales (durante el acto en Córdoba el sábado pasado en conmemoración del 31 aniversario del último golpe militar) como las del ministro del Interior quien abogó por la renuncia del camarista Alfredo Bisordi.

"El presidente transgredió la norma que le impide inmiscuirse en cuestiones judiciales teniendo en cuenta que sus palabras no tienen el mismo peso que la de un ciudadano común", consideró Lon.