NEUQUEN (AN).- Tras dos jornadas consecutivas de paro activo implementado por empleados de la dirección provincial de Rentas, el gobierno provincial dio marcha atrás en la tercerización de las tareas de fiscalización de los grandes contribuyentes de la provincia.

La orden la dio el ministro de Hacienda Claudio Silvestrini y así se frenó la contratación de una unión transitoria de consultoras, denunciada oportunamente por los diputados Raúl Radonich (Frente Grande) y Ariel Kogan (PJ).

Si bien la comunicación del revés derivó ayer a las 11 en la normalización de la atención al público, los empleados de Rentas anticiparon que presentarán un petitorio para que "los fondos que se le iban a dar a esta empresa se fortalezca el sector público".

La resolución adoptada por la cartera de Hacienda fue catalogada por Kogan como "un importante revés de Sobisch".

En esa línea recordó que días atrás junto con Radonich habían solicitado al gobernador Jorge Sobisch que no firmara el contrato que otorgaba mayores potestades a consultora, la unión de empresas transitorias (UTE) entre SP S.A. y Gestiones Integrales S.A.

La notificación fue dada a conocer cerca de las 10.30 a los empleados de la sede central de Rentas, en momentos en los que se aprestaban a iniciar una marcha a Casa de Gobierno.

Desde las 8 en el mismo edificio entregaron volantes informativos a contribuyentes y transeúntes.

"Nos informaron que se había resuelto dar marcha atrás en la contratación y que no se iba a firmar el convenio

con esta consultora que tercerizaba un servicio donde se manejan informaciones reservadas del Estado", aseguró el delegado de los trabajadores en ATE, José Luis Delarriva, a la vez que indicó que la resolución "es una victoria porque es lo que estábamos reclamando".

No obstante, el dirigente anticipó que los empleados "vamos a presentar en los próximos días un petitorio exigiendo que se fortalezca este sector público ahora que la consultora no va a trabajar".

Entre las exigencias plantearán el pase a planta de los empleados que bajo la modalidad de contratados se desempeñan en el sector desde hace más de tres años.

Además, los trabajadores aseguraron que los equipos informáticos que utiliza de momento la consultora "son propiedad de Rentas y queremos que nos los den como parte de una actualización que necesitamos porque nuestras computadoras ya tienen diez años de antigüedad".

Kogan recordó que el contrato que estaba a la espera de la firma del gobernador "era muy perjudicial para la provincia, tanto desde lo económico como desde la perdida de funciones esenciales por parte del Estado ya que privatizaba la administración de la base de datos reservada del estado y la fiscalización de los grandes contribuyentes de la provincia".

El contrato establecía que en un plazo de tres años la consultora recibiría 7.000.000 de pesos por sus tareas más el 15% del IVA de las fiscalizaciones que realizara.

Además, se indicaba que tendría a su cargo los grandes contribuyentes de la provincia, que representan el 80% de los ingresos de Rentas y de contratar sus propios empleados podría haber dejado a un centenar de trabajadores del área sin empleo.