Hace rato que comentamos que las políticas estatistas e intervencionistas del gobierno disminuyen la inversión. Hoy sabemos que, en el 2006, la inversión directa extranjera en el mundo creció un 35% y en la Argentina cayó un 30%.

Esto no debería extrañarnos que suceda en un país donde un secretario del Ministerio de Economía amenaza a los empresarios y les exige que le pidan permiso con anticipación para subir sus precios.

Donde se prohíbe retroactivamente el lanzamiento de un producto mediante una resolución basada en una ley de Abastecimiento que está suspendida hace 15 años y que sólo el Congreso puede restablecer con otra. Ambas cosas inconstitucionales. Cuando, basados en la misma norma se establecen valores máximos para la carne o dónde se prohíbe exportar o se restringen las exportaciones de productos como el trigo y, nuevamente, la carne. Hoy nos "desayunamos" que la oferta de vacunos en los mercados es cada vez menor, cosa que lamentablemente hace un año advertíamos cuando se tomaron todas las medidas para el sector que comentamos anteriormente.

Dijimos que muchos ganaderos liquidarían sus stocks de animales durante el invierno y hasta la primavera del 2006 para liberar los campos para sembrar oleaginosas y granos a partir de finales de año. Como preveíamos, hoy las estadísticas muestran que el porcentaje de faena de hembras (que permiten tener terneros y más ganado) y animales jóvenes sobre el total se está incrementando, cuan-do durante el 2005 esa preocupante tendencia a la descapitalización del sector se había revertido.

Ahora, la original respuesta oficial son más controles, que podrían incluso hacer desaparecer el Mercado de Liniers, más amenazas y más dificultades para exportar. Las consecuencias serán una mayor caída de la inversión para producir carne y una cada vez menor oferta futura de este producto.

El año pasado dijimos "Carne para hoy y hambre para mañana" y en la actualidad, esto se vuelve realidad y amenaza con serlo mucho más hacia delante. Supongo que resulta más conveniente no escuchar; lo cual convalida las medidas oficiales y permite seguir comiendo asados baratos. En los hechos, la intervención oficial del 'INDEK' es escandalosa y de una gravedad enorme para el futuro del país.

No hace falta reiterar por qué en el mediano plazo las intervenciones del secretario de Comercio Interior en los mercados no tenían impacto relevante en el índice de precios al consumidor.

Tampoco reiterar argumentos sobre qué era lo que motivaba la confusión y los mitos que hacían que mis colegas hablaran de una inflación real del 15% contra el 9,8% del Indice de Precios al Consumidor del año pasado. Lamentablemente, la "sensación térmica" de la gente y la prédica equivocada de algunos economistas y periodistas "limaron" la credibilidad pública del INDEC.

En ese marco, el gobierno decidió "matar al mensajero", al desplazar a las directoras del área de precios y al director del organismo. Así nos desayunamos que el nuevo 'INDEK' no contabilizó en enero los aumentos de las prepagas de entre 12 y 23% y sí asumió un 2% el incremento autorizado para un sistema que implicaba pagos adicionales por cada prestación. Lo notable es que ni siquiera tuvieron la prolijidad metodológica de computar el aumento que significaban esos copagos que antes no se realizaban, eso hubiera engrosado el índice intervenido.

Con esto se restaron cerca de 0,7 puntos porcentuales. Otra cosa notable fue que se asumió como válidos los acuerdos de precios con el sector turístico y no la realidad de los aumentos encuestados que todos los veraneantes pagamos. Así desaparecieron otros 0,3 puntos porcentuales de inflación. En febrero, nuevos enjuagues en los índices de salud y turismo permitieron bajar otros 0,4 puntos porcentuales y, en los medios, se habla de "una inflación programada por el gobierno para marzo del 0,5%". Cuando será realmente de no menos del 1% y éste es un índice que se puede relevar, pero no controlar.

¿Qué opinarán los tenedores de títulos públicos que se actualizan con CER (basado en el IPC) de esta "quita" sobre el rendimiento de dichos papeles que está haciendo el gobierno? Es visible el revuelo que ha generado entre los analistas e inversores internacionales este tema y cómo han empezado a mirar con más detenimiento la tendencia a la destrucción total de las instituciones y la seguridad jurídica que tiene la Argentina. El del 'INDEK' no es el único ejemplo de manejos de cifras y de cambios de funcionarios por diferencias "metodológicas".

A fines del 2006 fueron desplazados dos directores de décadas de actividad en el área del Ministerio de Economía que se encargaban de la contabilización de los gastos presupuestados. "Increíble casualidad", el último mes se cambió la forma de presentación del consolidado de las cuentas públicas nacionales, de tal forma que desaparecieron algunas transferencias de recursos propios que el PEN realiza a las provincias.

Por lo tanto, hoy no existe forma de control sobre el uso de dichos recursos y tampoco existen datos que permitan comparar fácilmente el gasto público actual con el de períodos anteriores. Cabe aclarar que acá estamos hablando de no poder vigilar bien lo que el gobierno hace con nuestros impuestos, un tema no menor. A finales del año pasado, el gobierno decidió hacerles una quita de precio a los exportadores de lácteos para subsidiar a los tamberos y aumentar en cuatro puntos porcentuales las retenciones a la soja para beneficiar a los productores de agropecuarios que producen alimentos para el mercado interno.

La respuesta de las entidades intermedias agropecuarias fue muy positiva, aunque implicó una exacción a parte de su sector.

Por otro lado, a nadie le importó que se implementara un gasto público, como los subsidios, con una mera resolución del Ministerio de Economía, cuando la Constitución manda que se haga mediante una ley aprobada en el Congreso. Cuánto tiempo pasará para que los argentinos, todos, pero con mayor responsabilidad su dirigencia académica, profesional y económica, aprendamos que este proceso de subdesarrollo no cambiará hasta que nos asumamos como ciudadanos.

Esto implica exigirles a nuestros políticos que cumplan con la Constitución y con las restricciones que ésta determina para el ejercicio de la función pública. En tanto, la Justicia no puede seguir avalando alegremente que los políticos, basados en una ley de emergencia que ellos mismos sancionan, se extralimiten en sus funciones y afectar los derechos e instituciones preservados en la Constitución nacional.

ALDO ABRAM (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Economista. Titular de la consultora Exante.