LAS GRUTAS (ASA)- Los cuatro infractores cuyas viviendas podrían ser demolidas en los próximos días fueron notificados ayer de que el Concejo Deliberante rechazó los pedidos de nulidad de los trámites que labró el juez de Faltas Jorge Boldt en relación con las construcciones llevadas a cabo en la conflictiva franja costera al sur de Las Grutas.

Este medio se entrevistó con el abogado de los cuatro adquirientes de derechos en el lugar, que fueron intimados y a quienes se les envió la notificación de que la comuna los sancionará con la demolición de sus casas.

Pablo Forte amenazó con acciones legales hacia el municipio y el Banco Interamericano de Desarrollo, que financia el plan de Ordenamiento cuyas directrices violaron los infractores, según los dictámenes del Juez de Faltas y la resolución que el Deliberante aprobó el viernes.

También acusa a la familia Tarruella, que cedió a sus defendidos derechos sobre las tierras en las que se construyeron las casas, aunque descarta que se inicien causas judiciales contra los herederos que ocupan esa valiosa franja costera grutense.

El letrado divide este complicado conflicto en tres partes. Por un lado, afirma que lo actuado por el Municipio en relación con el trámite administrativo que dictaminó la demolición de cuatro viviendas es ilegítimo, además de ser de cumplimiento imposible y de no haber respetado el derecho a defensa. Forte sostiene que el CD no le permitió expresar sus argumentos antes de la sesión del viernes cuando se aprobó rechazar sus pedidos de nulidad de lo actuado por el juez de Faltas.

"Existe, además, un componente grave de violencia y de abuso de poder. La comuna no tiene competencia para demoler una casa habitada.

Aunque reconoce que sus clientes residen en el lugar sólo parte del año, ya que son de uso turístico y de residencia temporaria, Forte afirmó que las casas son viviendas terminadas y "no obras en construcción". "Se están forzando las instituciones y violando garantías constitucionales", asegura.

Por último, Forte informó que en cuanto a la resolución del Consejo de Ecología y Medio Ambiente que intervino detectando violaciones a la ley de Area Natural Protegida por parte de sus defendidos, se inició un juicio en lo contencioso administrativo contra ese organismo que preside Oscar Echeverría, ya que consideran nula toda la actuación.