La titular del PAMI, Graciela Ocaña, dijo ayer que despidió a dos médicos de un policlínico de Rosario, quienes cobraron una suma elevada de dinero de un laboratorio extranjero para probar un medicamento no autorizado entre pacientes ancianos.

En tanto, el diputado provincial Antonio Bonfatti (PS) consideró que ese "experimento" con ancianos del policlínico Marcelo Freyre PAMI II pudo evitarse con la promulgación de la ley de su autoría, que regula la investigación biomédica.

"Desde octubre de 2006 se espera la sanción definitiva en Senadores del proyecto de Ley que garantiza la máxima protección de las personas y llena un vacío legislativo tanto a nivel nacional como provincial", dijo.

Ocaña explicó que conoció el hecho a través de un mensaje "anónimo" y precisó que esa práctica se llevaba a cabo en un policlínico de Rosario que "depende del PAMI, sin autorización de las autoridades de Buenos Aires y simplemente creando un comité al sólo efecto de probar esos medicamentos".

"Cobraron 40 mil dólares para conseguir las pruebas y hacer que el laboratorio tenga la cantidad de casos" sobre la aplicación del medicamento, que es un "antibiótico que se utiliza para infección intrahospitalaria", denunció.

La responsable del PAMI dijo que los profesionales despedidos con causa utilizaban "toda la infraestructura hospitalaria y los pacientes del hospital para hacer estas pruebas cobrando 40 mil dólares".

Tras advertir que "estos contratos no se firman en Argentina", reveló que "los allanamientos (ordenados por la Justicia) dieron resultado negativo, porque los papeles" están fuera del país.

La titular del PAMI confirmó que los dos profesionales involucrados fueron despedidos y que, además del sumario administrativo en curso, interpondrán una causa penal en la Justicia Federal. Ocaña también sostuvo que "el director del policlínico sabía y era parte" del trabajo en favor del laboratorio de origen norteamericano. Pero el ex director del PAMI II, Ricardo Oyola, aclaró que los médicos "experimentaban con nueve pacientes y seguían un protocolo del ANMAT (Administración Nacional de medicina, Alimentos y Tecnología)".

El especialista dijo que "la Justicia se presentó con un listado pacientes que no era coincidente con los nueve pacientes tratados. No obstante, se dispuso suspender de inmediato el tratamiento".

Bonfatti sostuvo que una investigación biomédica es "todo estudio de procesos fisiológicos, bioquímicos o patológicos, o de respuesta a una intervención determinada -física, química o psicológica- en personas sanas o enfermas, también los ensayos controlados de medidas diagnósticas, profilácticas o terapéuticas en grupos".

"Todas las investigaciones con sujetos humanos deben realizarse de conformidad con tres principios éticos fundamentales, respeto por las personas, beneficencia y justicia", sostuvo el legislador. (DyN y Télam)