NEUQUEN (ACE).- Los militares (re) Oscar Lorenzo Reinhold y Enrique Braulio Olea aseguraron no haber participado del aparato de represión que funcionó en Neuquén durante la dictadura y responsabilizaron a sus jefes militares fallecidos de las imputaciones sobre las que se les preguntó en la indagatoria.

Así se pudo conocer de fuentes judiciales ayer. Ambos militares regresaron a las dependencias de la policía federal donde están detenidos junto con el mayor (re) Luis Alberto Farías Barrera.

Mientras Farías Barrera exigió nuevamente la prisión domiciliaria, Reinhold y Olea formalizaron ayer sus pretenciones de permanecer detenidos en sus casas.

Farías Barrera es mayor retirado y tiene 77 años, Olea se retiró como general de Brigada en la jefatura de inteligencia del ejército del Estado Mayor y tiene 76 años; mientras que Reinhold se retiró como teniente coronel y tiene 72.

La indagatoria de Reinhold comenzó pasadas las 22 del miércoles y se extendió hasta las 4 de la madrugada de ayer.

Del acto participaron el defensor oficial, Eduardo Peralta; y el juez federal Guillermo Labate; en tanto el fiscal federal José María Darquier se retiró pocos minutos después de la lectura de los primeros cargos debido a que estaba en el juzgado desde las 16, cuando había empezado la primera indagatoria a Olea.

Reinhold -quien era mayor y jefe de inteligencia en el Comando- dijo desconocer que en Neuquén hubo un centro clandestino de detención, y respecto al edificio de "La Escuelita" dijo que se podría tratar de un "puesto alternativo de comando" ante un supuesto ataque en un conflicto con Chile y que no sabía que allí pudiera haber detenidos.

Cuando se le exhibió el recorte de "Río Negro" de 1976 en el que el Ejército solicitaba a la población la colaboración para "recapturar" a un evadido de los fondos del batallón al que el ejército le endilgaba

acciones subversivas, Reinhold dijo entender que serían acciones en el marco de la "lucha antisubversiva" relacionada con "el conflicto con Chile".

El militar no recordó -tal cual las denuncias en la causa- que hubiera citado en el Comando a víctimas que fueron llevadas desde allí al centro clandestino que funcionó en los fondos del batallón y entendió que si hubo una orden de esas características, le correspondieron al jefe del Comando de la Sexta Brigada, José Luis Sexton (fallecido) o a su segundo, Vicente Contreras Santillán, también fallecido.

Deslizó tener conocimiento de los hechos que se le indicaban, pero consideró que acerca de ello debían conocer el jefe de división de "personal" (Luis Alberto Farías Barrera, que no declaró en la indagatoria) o de "operaciones", Carlos Castellano, también fallecido.

Por su parte, Olea negó los cargos que se le imputaban y consideró que si hubo alguna acción, fue en cumplimiento de órdenes del mando en ese momento, protestó cuando se le indicó que estaba acusado de crímenes de "lesa humanidad", ya que entendió que el Ejército "nunca fue una banda" sino que los militares cumplieron órdenes en función del decreto del go

bierno de Isabel de Perón que ordenaba "aniquilar la subversión".

Su declaración debió ser suspendida por una indisposición física de su defensor, José OReilly; sin embargo, al momento de ser reanudada trascendió que habría presentado un nuevo recurso en el que informaba que se iba a abstener de declarar.