SAN ANTONIO OESTE (ASA)- El Concejo Deliberante local autorizará hoy al Ejecutivo a proceder con las demoliciones de cuatro viviendas que fueron construidas en los dos últimos años en la franja de tierras involucradas en el litigio que mantienen los herederos de Eugenio Tarruella con el municipio.

De la veintena de casas de diferentes características y variable valor que se levantaron en estos años en esa paradisíaca zona costera de la cual tanto la sucesión como el municipio dicen ser propietarios, seis fueron objeto de infracciones y actuaciones administrativas que avanzaron a paso firme en estos meses.

Cuatro de ellas, cuyos titulares aparecen en los expedientes identificados como Marcelo Moscovich, Laura Esther Puig, Paula Pok y José Alberto Pena, podrán ser demolidas próximamente, luego de que el Concejo Deliberante apruebe en la sesión de hoy la resolución que da el visto bueno al extenso trámite y le remita su decisión al Juez de Faltas para que indique el momento oportuno para la implementación de la sanción.

La presidenta del Concejo Deliberante, Mabel Leonardo, anticipó ayer que el dictamen de la comisión de Gobierno del cuerpo parlamentario será apoyado por el resto de los ediles y que seguramente hoy por la mañana habrá una votación unánime en favor de dar curso a la aprobación de las acciones preliminares llevadas a cabo por el juez de Faltas y el asesor legal.

"Cuatro de las viviendas tienen el procedimiento terminado, donde constan las sucesivas notificaciones, actas e infracciones labradas a lo largo de los meses por los inspectores de obras, están las correspondientes fotografías desde que las viviendas tenían apenas los cimientos hasta que se finalizaron, período en el cual los responsables desoyeron las actuaciones de la municipalidad", afirmó Leonardo.

La concejal admitió que las personas notificadas apelaron ante el juez de Faltas y por eso debe expedirse el cuerpo parlamentario para definir la situación. Para eso, los ediles recurrieron al asesoramiento externo del ex presidente del cuerpo, el abogado Miguel Galindo Roldán, quien avaló los pasos seguidos hasta la fecha.

Ante esta situación, en que se consideran probados los incumplimientos de las normas municipales y justificada la sanción efectiva y concreta, el cuerpo asumirá la difícil decisión de autorizar la demolición de cuatro viviendas, algunas de ellas de muy alta inversión.

Las casas fueron construidas en una franja de tierras costeras ubicada al sur de Las Grutas que ante el reclamo de una familia local pasó a formar parte de un conflicto judicial que hoy se encuentra detenido por el inicio de negociaciones entre las partes. La familia Tarruella a lo largo de estos años ha cedido derechos sobre las parcelas y muchos de los inversores iniciaron obras sin declarar, infringiendo normas provinciales y municipales relacionadas con la preservación del Area Natural Protegida, de Costas, de impacto ambiental y los códigos urbanísticos.

Hace dos años, el juez interviniente instauró el recurso de no innovar sobre el área. Sin embargo, en al menos estas cuatro viviendas se continuaron los trabajos, lo que motivó que se concretaran las inspecciones, las infracciones y se avanzara en el trámite que aparentemente terminará en estos días con la demolición de las viviendas.