SANTIAGO DE CHILE (DPA) - Por sexta semana consecutiva, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet sigue sin poder resolver la crisis económica, urbana, política y social que desató al cambiar el sistema de transporte público de Santiago de Chile.
Protestas masivas a balazos, el derrumbe de la popularidad de la mandataria en la capital y la división de la propia coalición gobernante son el saldo de una medida que amenaza con hacer rodar las cabezas de los ministros del Interior, de Hacienda y de Transportes. Los gremios empresariales y expertos económicos advirtieron además que el crecimiento económico será afectado. Según el "Diario Financiero", el cambio de sistema implicará pérdidas mensuales entre 130 y 400 millones de dólares.
Según epidemiólogos, la crisis aumentará también en un treinta por ciento la contaminación invernal por gripe, debido a los millones de personas que atestan el tren subterráneo y los cientos que esperan en filas para tomar un autobús en los puntos críticos de la ciudad. De hecho, el Colegio Médico y el gerente general del tren subterráneo llamaron a hipertensos, embarazadas, cardíacos y niños a no usar el servicio en las horas de mayor demanda. Un obrero de 50 años murió en un vagón por falta de oxígeno.
Ante la emergencia, la oposición exigió la renuncia de los responsables técnicos y políticos del Plan Transantiago, ideado para modernizar un servicio de locomoción que aportaba el 70% de la contaminación capitalina. "No nos engañemos más, este sistema no tiene solución. No son los santiaguinos los que están colapsados, es el gobierno y sus responsables los que no han sido capaces de resolver este tema", afirmó el presidente de la derechista y opositora Unión Demócrata Independiente, Hernán Larraín.
La demanda es respaldada por líderes y congresistas del gobierno que proponen al menos la remoción del ministro de Transportes, el demócrata cristiano Sergio Espejo.
El subsecretario de Transportes, Danilo Núñez, dijo hoy tras salir de la Moneda (casa de gobierno) que "no hay que esconder la cabeza" y agregó que "el pánico no puede cundir".
La crisis, que amenaza con afectar las elecciones municipales de 2008, comenzó el 9 de febrero pasado. En esa fecha, el gobierno instaló un nuevo modelo de transporte público que modificó los recorridos, cambió las empresas operadoras e instauró un sistema de cobro electrónico. Paradojalmente, la innovación fue inaugurada sin que estuvieran disponibles todos los buses y vías exclusivas para su traslado. Además faltan paraderos, señales urbanas y centros para el recargo de la tarjeta electrónica de pago. La presidenta, que no estuvo en el lanzamiento del plan y que ahora está en gira por Centroamérica, ordenó adelantar las obras, pero es imposible que éstas sean concluidas a la brevedad.
El ministro del Interior, Belisario Velasco, reconoció que el déficit en la oferta de locomoción colectiva no se revertirá antes de junio. Admitió además que el gobierno negociará soluciones con organizaciones vecinales para apaciguar la violencia callejera contra el sistema ideado para limitar la polución santiaguina.
