WASHINGTON.- Una subcomisión del Congreso estadounidense desafió abiertamente ayer al presidente George W. Bush al citar a comparecer a asesores suyos por considerar insuficiente la propuesta presidencial de presentar testimonios informales en el caso de los fiscales despedidos.

El enfrentamiento entre la Casa Blanca y la nueva mayoría demócrata se intensificó con la primera medida tomada en el Congreso para obligar a destacados miembros de la administración, como el asesor más próximo del presidente, a declarar en el caso de los fiscales destituidos.

La Casa Blanca persistió en su rechazo a que los suyos, entre los cuales se encuentra la eminencia gris del presidente George W. Bush, Karl Rove, responda bajo juramento a los legisladores qué razones llevaron a destituir a ocho fiscales federales a cargo de casos políticos sensibles en los últimos meses.

Los adversarios demócratas de Bush sospechan que la Casa Blanca los despidió por razones políticas.

La publicación de documentos acusatorios y las débiles explicaciones suministradas reafirmaron sus sospechas. Reclaman la cabeza del ministro de Justicia, Alberto Gonzales. "Muchos de nosotros creemos que esto se debe al hecho de que (los fiscales) estaban a cargo de casos de corrupción pública y pagaron un precio por haber hecho su trabajo", declaró a la cadena CNN el legislador demócrata Rahm Emmanuel.

Bush negó cualquier intervención política de su gobierno en las destituciones. El martes propuso que Rove, Harriet Miers, ex encargada de Asuntos Jurídicos de la Casa Blanca, y dos colaboradores respondieran a las preguntas del Congreso, pero en privado, sin prestar juramento y sin que se transcriban las conversaciones. Los demócratas rechazaron categóricamente la propuesta de Bush que, según ellos, está "al borde del insulto".