Ante la realidad de los problemas en el servicio público de agua potable de la ciudad de Neuquén, agravados en cada período estival por la falta del agua en muchos barrios de la ciudad (a pesar de tener dos ríos caudalosos que la circundan), más de 2.400 vecinos de la ciudad, a mediados del año 2005, tomamos la decisión de transformar nuestra actitud de queja y protesta en una búsqueda seria de una solución a este problema. Si bien la falta de este elemento vital debería ser un inconveniente a resolver por los representantes de los "ciudadanos", los concejales y el Ejecutivo municipal han optado por anteponer a esto sus mezquindades político-partidarias. Tanto fue así que, apelando a nuestra condición de ciudadanos "soberanos" y vecinos comprometidos con nuestra vida como comunidad, presentamos una propuesta concreta de solución al mencionado y recurrente problema.
Ante todo es necesario recordar que en el actual marco normativo dado por la Constitución provincial y la Carta Orgánica de la ciudad, está más que claro que la jurisdicción, responsabilidad y competencia en la prestación de los servicios públicos básicos domiciliarios, como en este caso, corresponde al municipio. La manera en que se realiza esta prestación, desde hace más 20 años (para no ir mas atrás), es a través de un "concesionario heredado", el EPAS, y de un poder concedente "ausente", el municipio, siendo los vecinos "los convidados de piedra".
A nadie escapa, entonces, que los principales actores involucrados son el municipio, el EPAS y los vecinos usuarios. Cada uno de ellos tiene derechos y obligaciones que cumplir para que el servicio se preste en condiciones satisfactorias y que hoy nadie conoce con certeza, ya que simplemente no existe un marco legal que lo establezca, regule y controle.
Ante la inexistencia de acción alguna por parte del municipio, del EPAS y el Concejo Deliberante para elaborar y sancionar ese margo legal, los vecinos decidimos presentar un proyecto de ordenanza para establecerlo. Nuestra Carta Orgánica así lo denomina en su artículo 141: "Marco regulatorio", para, justamente, regular el servicio. Lo hicimos mediante una iniciativa popular, reglamentada a través de la ordenanza N° 10.197, la que "obliga" al Concejo Deliberante a darle tratamiento en el recinto dentro de los 180 días hábiles de ser declarada admisible. La fecha de presentación fue el 2 de diciembre del 2005 y el plazo expira el 14 de marzo del 2007. 465 días corridos han pasado sin que se trate en sesión y en la Comisión de Servicios Públicos. El darle tratamiento significa que puede ser aprobada, que puede ser enviada a Comisión para su mejor estudio, para buscar un acuerdo entre todos los concejales, el poder concedente, el concesionario y los vecinos o que puede ser rechazada. De ninguna manera la ordenanza reglamentaria exige que se apruebe o rechace, sino que se trate.
A través de dicho marco regulatorio, haciendo una síntesis, se busca: garantizar la calidad del agua, el caudal por persona por día, el plan de obras e inversiones para satisfacer la demanda y que toda la población sea servida, independientemente de su condición socioeconómica, por ser éste un derecho de ciudadanía; fijar quién y cómo controla la prestación; fijar y aprobar el cuadro tarifario; adjudicar en forma directa la concesión al EPAS (nos oponemos a la privatización), etc. Sin lugar a dudas que la urgencia también requiere de fondos inmediatos para ejecutar las obras imprescindibles ahora y ya, cuestión no incompatible y no ajena al marco.
Vanos fueron todos nuestros intentos para conseguir que el Concejo Deliberante se ponga a trabajar seriamente en el tema a través de la Comisión de Servicios Públicos (salvo la excepción del concejal Bermúdez, quien también presentó un proyecto) hasta que, con la falta de agua que comenzó a producirse a partir de setiembre del 2006 sumada a las internas partidarias y a los intereses que ello significa con vista a las elecciones de este año y ante la cercana finalización del plazo de 180 días, se logró una reunión en diciembre del 2006 a la que faltó el EPAS. Allí recién, el Ejecutivo municipal se comprometió a presentar un proyecto propio, lo cual concretó en enero del 2007 y sobre el cual tenemos varias discrepancias.
En la reunión de la Comisión de Servicios Públicos del 8 de marzo próximo pasado, con la asistencia del EPAS y nuestra presencia, se tomó conocimiento de los problemas técnicos existentes, del vacío legal existente, de las obras que hay que hacer con urgencia y del monto necesario para ello: $ 38.888.717. Vale recordar, que el presupuesto provincial ronda los $ 3.380.000.000 y el municipal $ 300.000.000, por lo cual queda más que claro que no es por falta de presupuesto, sino que la razón máxima es la falta de decisión política para solucionar los problemas reales que aquejan a los vecinos. Esto quedó evidenciado claramente en las actitudes y decisiones de todos, en particular del Bloque del MPN (tiene la mayoría de votos en el Concejo), el que, en definitiva, estaría rechazando la iniciativa popular y, lo que es más grave aún, estaría menoscabando la participación de los vecinos y su interés directo, fundándose en excusas incomprensibles como que "no es el momento" (pareciera que nunca lo será), que "lo importante son las obras" (y seguimos atados así al capricho del gobernante de turno), que "hay que hacer un marco regulatorio provincial" (la jurisdicción no es la misma, lo que denota una falta de conocimiento del tema), etc., etc.
Señores "representantes de los partidos": durante un año y medio nuestra iniciativa popular no mereció su atención como si la tuvo el faraónico negocio del Paseo de la Costa, así como tampoco la de la Defensoría del Pueblo, la del Ejecutivo municipal o la del EPAS, pero aún somos pacientes y los instamos a que nos representen realmente y trabajen en consecuencia, dando el tratamiento (y ojalá el perfeccionamiento) que se merece la solución que nosotros les hemos propuesto para dejar de padecer año tras año la falta de agua.
SERGIO GUZMAN SAN MARTIN (*)
Especial para "Río Negro"
(*) Ingeniero Industrial. Promotor de la iniciativa popular Vecinos por el Agua.
