QUITO (Télam).- La crisis política que atraviesa Ecuador tendrá hoy una jornada clave cuando legisladores destituidos busquen ocupar sus bancas en la sesión prevista por el Congreso y el gobierno intente impedirlo.

Los diputados destituidos por el oficialista Tribunal Electoral (TSE) de Ecuador ratificaron que mañana irán a la sesión parlamentaria, en lo que pareció una respuesta al presidente Rafael Correa, que el sábado les recomendó que se "vayan calladitos a sus casas".

Hoy será un día de definiciones en la pugna entre el Congreso y el Tribunal Electoral, no sólo porque está convocada la sesión parlamentaria, sino porque el Tribunal se pronunciará sobre un pedido de amparo solicitado por el dirigente derechista Pascual del Cioppo, que pide dejar sin efecto la medida de destitución, según la agencia DPA.

El conflicto se generó la semana pasada tras la decisión del TSE de destituir a 57 legisladores opositores, en represalia por la decisión de los diputados de cesar en sus funciones al presidente del tribunal, Jorge Acosta, por convocar a consulta popular sin pedir la autorización del Congreso. Los ecuatorianos deberán votar en consulta popular el 15 de abril si se instala o no una Asamblea Constituyente, con la que Correa busca introducir cambios profundos en el país.

El martes de la semana pasada, los legisladores destituidos intentaron ingresar al Congreso unicameral a la fuerza y en los enfrentamientos quedaron dos diputados heridos.

El jueves la disputa tuvo otro capítulo con el lanzamiento de la campaña a favor del "Sí" en la consulta popular para la Asamblea Constituyente con una masiva movilización de la oficialista Alianza País. Para deliberar hoy, el presidente del Congreso, Jorge Cevallos, necesita como mínimo el quórum de 51 legisladores de un total de 100, pero para ello deberá posesionar a los suplentes, con quienes el oficialismo negocia para que vayan a la sesión. El gobierno ya anunció, a través del viceministro de Gobierno, Eduardo Paredes, que la Policía tiene instrucciones de impedir el ingreso de los destituidos "porque no tienen nada que hacer" en el recinto.

El edificio del Banco Central, donde sesiona el Parlamento, se mantiene bajo una amplia custodia policial instalada hace una semana, y los policías además cuentan con el apoyo de dos vehículos antimotines. Paredes indicó que los legisladores "podrán estar en las afueras", insistió con que "la policía va a proteger y dar garantías para que el Congreso funcione" y expresó que el Ejecutivo "espera que mañana se supere este problema".

Además, volvió a señalar que el gobierno se mantendrá "en la medida de lo posible" al margen de la pugna entre el Congreso y el TSE, y reclamó al Parlamento que "reinicie sus actividades".

Para hoy, además, organizaciones sociales y políticas oficialistas anunciaron que se concentrarán en las afueras del edificio parlamentario para ayudar a impedir el ingreso de los ex diputados a esa sede. Algunos diarios locales dieron cuenta hoy de reuniones del fin de semana entre los partidos opositores para asegurarse de que los legisladores suplentes no asistan a la sesión, aunque varios estarían decididos a asumir sus bancas.

En el plano judicial, el plenario del Tribunal Electoral emitirá una resolución sobre el recurso de revisión presentado por varios de los 57 diputados destituidos, quienes argumentan que no votaron por la sustitución del presidente de ese organismo.

La Comisión Jurídica presentará hoy su informe sólo sobre siete de los 13 legisladores que apelaron, señaló el vocal del TSE Hernán Rivadeneira.

Casi como consecuencia directa de esta crisis, la popularidad del presidente Correa bajó 4 puntos durante los dos primeros meses de su Gobierno para ubicarse en 69% al 15 de marzo, según la encuestadora privada Cedatos. La consultora señaló que la popularidad de Correa bajó a un ritmo de dos puntos por mes, y que la credibilidad en la palabra del mandatario bajó de 68 por ciento a 65.