En su libro "Un país al margen de la ley", Carlos Nino describió con maestría la tendencia argentina a ignorar la legalidad, aun en los casos en que violar las normas implique un perjuicio para el conjunto del país y, en ocasiones, hasta para los mismos protagonistas. Por eso llamó "anomia boba" a esa tendencia, que atribuyó al fuerte arraigo que el contrabando tuvo en la economía colonial y al descaro con el cual los funcionarios ejercían aquí su poder: "Se acata pero no se cumple", era su actitud hacia las normas que buscan reducir la discrecionalidad y el abuso.

La anomia ha caracterizado el uso partidario de los fondos públicos por parte del actual gobierno radical en Río Negro, y también de sus antecesores. Y, curiosamente, es un punto en común con la actitud que evidencia el gobierno nacional de Néstor Kirchner.

Pagar un avión con fondos del Estado rionegrino para que Miguel Saiz y varios de sus funcionarios fueran un domingo de asueto electoral a saludar al candidato Brizuela del Moral a Catamarca es un acto partidario y no institucional, aunque aquel candidato fuera además gobernador. Precisamente, la candidatura de Brizuela del Moral debió implicar que disputara en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes al cargo, es decir como ciudadano y no como jefe del Estado.

Claro que ese principio republicano resulta un prurito abstruso para el radicalismo rionegrino, acostumbrado como está a poner el aparato del Estado a disposición del candidato de su partido, sea o no gobernador en ejercicio.

¿Qué contendiente podría igualarlo en recursos? Ninguno.

Lo que asombra, sin embargo, es la pobreza argumental con que el ministro Iván Lázzeri y otros funcionarios intentaron justificar lo que constituye un uso indebido del dinero del Estado.

Igual de asombroso fue que tal escasez de argumentos no pareció conmover ni a jueces ni fiscales, ni tampoco a los organismos de control del Estado, que siguieron con su rutina como si nada pasara. Nadie inició una investigación.

La anomia de quienes han sido designados para verificar que se cumpla la ley ha tenido un ejemplo esta semana, al conocerse que recién ahora quince años después de haber sido denunciada una contratación carísima de ambulancias para el Ipross el Tribunal de Cuentas resolvió que el ex titular de la obra social, Juan Cabalieri, deberá pagar 500.000 pesos al Estado.

El tema no es menor, sobre todo en momentos en que se definen concertaciones y candidaturas. Cabalieri formó parte de la política de alianzas del radicalismo en su calidad de dirigente del Partido Provincial Rionegrino, y se sumó a las filas radicales a cambio del cargo por cuyo ejercicio se lo denunció. También estuvo en la mira en el caso de la negociación ilegal del bono Cedepre, ya que fue quien contactó al ex secretario General Jorge Acebedo con Tulio Bo, el operador financiero que intermedió en la venta del título.

El "caso Cabalieri" es uno de una larga serie, ya que años atrás, el radicalismo había seducido a dirigentes de la oposición para que votaran a favor de la necesidad de la reforma constitucional que abrió la puerta de la reelección en Río Negro, a cambio de jubilaciones privilegiadas ilegalmente obtenidas con certificados falsos de servicios nunca prestados. Una investigación de "Río Negro" reveló la operación, la Cámara de Viedma condenó a varios, pero la Fiscalía de Estado fue remisa en ejecutar el recupero de lo ilegalmente pagado.

Hacia el cierre de listas

Finalmente, los partidos y alianzas van cerrando sus listas, y termina de configurarse el panorama electoral hacia el 20 de mayo.

El radicalismo definió sus candidaturas aun sin incorporar la "pata kirchnerista" que anhelaba un sector de allegados al gobernador. Para otros, en cambio, las cosas están mejor así.

En realidad, la posibilidad de abrir la fórmula para darle cabida al peronista Osvaldo Nemirovsci resultaba indigesta para muchos radicales, que sólo la hubieran admitido en caso de creer que les permitiría atraer algunos votos.

Como quien muda de camisa, Nemirovsci devino en apenas unas horas en devoto pichettista, aunque resta saber qué destino tendrán sus pretensiones en el Frente para la Victoria que ya ha definido la mayor parte de sus candidaturas en difíciles negociaciones entre los partidos que lo integran.

El sábado, la Convención radical sesionó sin que se expresaran en voz alta las heridas de quienes no obtuvieron un lugar en las listas parlamentarias. El proceso fue más arduo y más costoso que en ocasiones anteriores, sobre todo porque varios funcionarios del Ejecutivo están en lugares expectantes, y a ellos se suman intendentes y varios legisladores que buscan su reelección. Oscar Machado, Carlos Sánchez y Daniel Agostino son algunos de los heridos por las definiciones y la falta de renovación ha merecido críticas de varios intendentes. Pero nadie pegó portazos destemplados.

El radicalismo, a esta altura, se ve atrapado en su propia estrategia "K" porque, si no logra consolidarla, sonará a fracaso y, si lo hace sin que ello le aporte un crecimiento electoral, sólo habrá conseguido molestar a su propia tropa. Por eso, ha dejado un lugar vacante, para no quemar las naves.

Ahora, es el Frente para la Victoria el que debe consolidar en las próximas horas sus propias candidaturas.

Aventado el conato de interna que militantes devenidos en funcionarios radicales le plantearon a Alberto Icare en Bariloche, el único circuito que todavía aparece indefinido es el Alto Valle Centro. Allí, la propuesta de que el hijo mayor del intendente Carlos Soria encabece la lista del sector sorprendió a propios y extraños. Los que respaldan la idea se basan en el impacto visual y anímico de una campaña "Pichetto-Soria" y en que bastaría para comprometer al temperamental intendente en la tarea proselitista. Pero tal estrategia no le hace favor al joven abogado que, por no tener actividad política pública, parecerá una triste fachada. Y es dudosa la reacción que esto tendría entre los afiliados y en el electorado en general.

Esta semana se habilita la campaña en toda la provincia, es decir la autorización para desarrollar tarea proselitista. Una formalidad, en medio de una compulsa que ya está lanzada.