FERNANDO BRAVO

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Una campaña publicitaria dejó perplejos a los españoles. Han caído en la cuenta de que se comercia con sexo infantil en Internet, a raíz de una presentación del Defensor del Niño de Madrid. Pero el lector se preguntará qué tiene que ver ese episodio con esta ciudad. Acaso mucho porque, aquí y allá, las apariencias engañan... El escándalo español surgió por la publicación de unas fotos con dos niñas abrazadas una de origen asiático luciendo modelos Armani. A primera vista parece una publicidad de ropa con dos simpáticas pequeñas, con algún sentido de tolerancia étnica y sin gestos que sugieran lascivia. Pero un puñado de madrileños ha visto una similitud peligrosa con imágenes que aparecen en sitios web de "turismo sexual" infantil. ¿Qué hizo el defensor del Niño? Recogió las denuncias y envió actuaciones a la asociación de publicistas, para que se expida y revise sus mecanismos de autocensura.

Enterados, medios españoles están reaccionando contra el Defensor, por ir más allá de sus atribuciones y poner en riesgo la libre expresión, haciendo escándalo por unos llamados telefónicos. En suma, le atribuyen exceso en sus funciones. En San Martín también se adivina una reacción por exceso en temas ligados con la defensa de la niñez, pero la paradoja es que es "exceso" por "defecto".

Es un hecho que el proyecto de creación de un Servicio de Protección Integral de los Derechos del Niño y Adolescente, no verá la luz en esta ciudad o lo hará de forma atenuada, en el mejor de los casos. La propuesta surgió de Consejo para la Niñez y fue recogida por la edil Ramírez Tobío en un proyecto ya ingresado al CD. Los informes del Ejecutivo son contrarios. Interpreta que se superpone con funciones del Servicio de Desarrollo Familiar, efector de la ley de protección del niño y el adolescente, por convenio con la provincia. Además, hay un dictamen de la asesoría que pone en duda la dependencia política del servicio a crear con el Consejo de la Comunidad, por tratarse de un órgano consultivo y no ejecutivo.

Habría, entonces, "exceso" en los alcances que se busca dar al nuevo servicio. ¿Pero esto invalida la idea? Más allá de disputas políticas, la iniciativa se inspira en la necesidad de corregir la precaria coordinación entre instituciones, que se ocupan aquí de los derechos del niño. Es verdad: hay profesionalismo y voluntad de trabajo, pero esa misma voluntad es incierta cuando resulta inorgánica y roza el voluntarismo. Puede ocurrir que gentes de salud, educación, justicia o el municipio, estén abordando un mismo caso, sin conocerse las caras y superponiendo el uso de recursos del estado.

Por último, el gobierno provincial sigue debiendo el cumplimiento de la ley 2302, que quiere reformar antes de honrarla, asustado por los delitos que involucran a menores. En su conjunto, se trata de defectos de práctica que disparan excesos de celo y superpoblación de oficinas. Ahora bien, con o sin el servicio pretendido, se trabaje aquí de una buena vez en una red para abordar la problemática de niños y adolescentes. Se lo debemos a los pibes.