SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Una fuerte corriente de solidaridad cosechó la dirigente vecina de Bahía Serena Ana Wieman luego de la intimidación que sufrió por parte de un empresario, a raíz del supuesto perjuicio que le ocasionó la paralización de una obra costera.

Wieman y otros vecinos habían presentado en enero un pedido de informes al Ejecutivo municipal acerca de una hostería en construcción ubicada en el kilómetro 11,3 de la avenida Bustillo. La comuna realizó, junto a Parques Nacionales, una nueva medición de la línea de ribera y decidió paralizar la obra porque no respetaba el retiro costero obligatorio.

En una carta documento que firmó como "socio gerente de Slalom SRL", Carlos García advirtió a Wieman que la hará "personalmente responsable por todos los daños y perjuicios" que le genere a su empresa el conflicto con el municipio.

En su opinión, esos daños "que serán cuantificados oportunamente" son consecuencia directa de las "sucesivas y reiteradas conductas antijurídicas" que atribuyó a la dirigente.

La Comunidad del Limay, la Asociación Ambientalista Piuké y el grupo de Vecinos Autoconvocados por Nuestros Derechos (al que pertenece la mujer) rechazaron el "apriete".

Wieman le dijo ayer a Río Negro que ya había contestado la carta documento y aseguró que otros vecinos también habían recibido advertencias verbales del tipo "paren la pelota ahora, que todavía están a tiempo".

La del kilómetro 11,3 no es la primera obra que debe ser replanteada como derivación de un reclamo de los Vecinos Autoconvocados. "Nosotros no vamos contra una persona, o contra el interés privado simplemente pedimos explicaciones cuando vemos alguna irregularidad", explicó Wieman.

Dijo que el supuesto daño económico que dijo sufrir García y su empresa "nunca podría ser producido por un simple vecino, que no tiene autoridad ni poder de policía".

El proyecto que había comenzado a ejecutar Slalom SRL comprende una hostería de siete habitaciones y una casa de te. Según Wieman, la construcción debía respetar un retiro de 15 metros respecto de la línea de ribera "pero el municipio comprobó que el borde está a sólo 11 metros, de modo que invade la franja que tiene restricción".

La Comunidad del Limay repudió la intimidación que recibió la vecina y vinculó lo ocurrido con "la debilidad del poder de planificación, regulación y contralor de los organismos estatales en defensa del derecho público".

Por su parte, Piuké consideró que el caso de la costa pública de Bahía Serena "es un antecedente grave para el Estado, si no se coloca como actor protagónico protegiendo y garantizando la participación y la libertad". Y también es una señal para los vecinos preocupados por el medio ambiente y por el acceso a las costas.