PEKIN (AFP/DPA).- Tras años de debates y controversias, China aprobó finalmente su primera ley sobre la propiedad privada, salvo para la tierra, que sigue siendo dominio del Estado. La ley, adoptada por el Parlamento, apunta a proteger a la vez la propiedad colectiva, pública, y la propiedad privada, aunque según los medios de comunicación estatales sigue colocando el bien público en el corazón del sistema económico.

La normativa se aprueba en medio de muchas dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento chino en las condiciones actuales. Ayer mismo, en una conferencia de prensa ante medios locales y extranjeros, tras la sesión final del Congreso, el primer ministro Wen Jiabao afirmó que el desarrollo de China "no es sostenible" sólo sobre la base de las exportaciones, y advirtió que es "cada vez más serio el problema" que afronta Pekín por la corrupción. Anunció también que China pretende "utilizar razonablemente" en el futuro sus grandes reservas de divisas para crear una nueva sociedad de inversión estatal. "Mejoraremos la calidad de las empresas, crearemos un sistema de mercado justo y transparente y mejoraremos el control sobre el mercado de capitales", señaló.

También ayer, el Parlamento chino adoptó asimismo una ley de armonización fiscal que acabará progresivamente con los privilegios fiscales de las empresas extranjeras respecto a las nacionales a partir del 2008.

La ley aprobada ayer, fue presentada por primera vez en el 2002 al comité permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Parlamento), después de años de preparación, pasó por siete lecturas antes de ser sometida a votación y aprobada al final por 2.299 votos a favor y 52 contra. La votación de la ley sobre la propiedad privada tuvo lugar tres años después de una votación histórica del Parlamento para inscribir su protección en la Constitución. Pero es la primera vez que la protección de los intereses privados al mismo título que los intereses públicos es grabado en el mármol de una ley.

El texto de 247 artículos, que debe entrar en vigor el 1 de octubre, estipula sobre todo que "la propiedad del Estado, colectiva, individual (...) está protegida por la ley y nadie puede infringirla".

Un sector del Partido Comunista en el poder se opuso al proyecto por considerar demasiado capitalista la consagración de este derecho. Sus partidarios, sin embargo, destacaban la necesidad de clarificar los derechos de propiedad en un Estado que sigue siendo comunista aunque en la práctica las reformas económicas, lanzadas en 1978, acabaron desde hace mucho con la colectivización maoísta.

El subdirector de la comisión de asuntos legislativos del comité permanente de la ANP, Wang Shengming, subrayó que "la ley muestra el espíritu de la reforma y la apertura en China, protegiendo el orden de la economía de mercado socialista y otorgando igual protección a la propiedad privada y pública".

Durante los debates, altos responsables como Wang Zhaoguo, vicepresidente del comité permanente de la ANP, salieron a la palestra para explicar que la ley es "compatible con el sistema socialista". Ayer, los analistas subrayaron que la ley era también inevitable e indispensable para el desarrollo del país. "Es necesario que la propiedad legal esté bien protegida para que la gente tenga ganas de crear más riqueza y que China continúe su desarrollo económico", comentó Jiang Ping, ex presidente de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho.

Pero la ley no soluciona un problema crucial de la China moderna: la ausencia de los derechos de los campesinos sobre las tierras que explotan, que son propiedad de la colectividad, y de las cuales a veces son expoliados. No obstante, para intentar protegerlos un poco más de las expropiaciones, la ley reafirma que los proyectos de construcción de las tierras arables están "estrictamente restringidos".