SAN ANTONIO OESTE (ASA)- Funcionarios municipales confirmaron que ya se analiza en profundidad la posibilidad de ordenar la demolición de al menos cuatro viviendas ubicadas en la franja de tierras en conflicto, situadas al sur de Las Piedras Coloradas.

Debido a que se certificó la continuidad de las obras contraviniendo la medida de no innovar impuesta hace casi dos años por el juzgado interviniente en la causa que se estaba instruyendo entre la comuna local y la sucesión de Eugenio Tarruella que reclama para sí esas 400 valiosas hectáreas el asesor letrado Rafael Augugliaro, el Concejo Deliberante en pleno y funcionarios del Ejecutivo analizan los expedientes para concretar el pedido de demolición de algunos de los edificios que irregularmente se han construido en la zona.

"Estamos analizando cada una de las carpetas con minuciosidad porque no queremos equivocarnos en cuestiones de forma ya que las de fondo están resueltas. En cuanto todo esté listo se pedirá la demolición", expresó una de las fuentes consultadas que lleva adelante este engorroso y polémico trámite. Por su parte, desde el Concejo Deliberante se confirmó que seguramente por unanimidad se acordará proceder con firmeza frente a estas construcciones irregulares en un plazo no muy lejano.

Las ediles oficialistas Mabel Leonardo, Mirta Domínguez, Adriana Colos y Gilda Lanaro reconocieron que desde el Estado no se ha podido garantizar la intangibilidad de la frágil área costera. "Ni el Consejo de Ecología y Medio Ambiente, Turismo de la Provincia, Prefectura Naval, Policía y por supuesto el municipio pudieron controlar la edificación en esa zona y nos preocupa que próximamente pueda producirse una nueva ola de construcciones en el lugar. Por eso estamos analizando los expedientes que posibiliten la demolición, lo que podría ocurrir en el transcurso de este año", informaron.

Ante esta preocupación se prevé la instalación de controles en el camino para evitar el ingreso de camiones con materiales y la continuidad de trabajos que puedan afectar aún más el área natural protegida y el desarrollo urbano hacia ese sector. El lunes, este medio pudo constatar la presencia de una máquina vial abriendo caminos hasta la playa y desmontando en cercanías del parador Morella a pesar que toda esa área se encuentra en medio de un proceso litigioso en el que tiene vigencia una medida cautelar de no innovar.

Por otro lado, existe preocupación entre algunos inversores que han adquirido derechos cedidos por la familia Tarruella en esa franja por reiterados incendios que se produjeron en el último mes. Una causa penal iniciada tras el incendio de una casa situada en esa zona obligó la realización de pericias en el lugar que podrían determinar la intencionalidad de al menos uno de los hechos ocurrido el 12 de febrero último.

Luego hubo otro incendio sospechoso a fines del mes pasado y el 8 de marzo se quemó una casilla rodante instalada en el lugar donde se comenzaba una nueva construcción. Todos sucedidos en la oscuridad de la noche y con llamativas características.