Buenos Aires (DyN) - La Cámara de Diputados aprobó esta noche y giró al Senado, con fuertes cuestionamientos de diputados oficialistas y opositores de provincias norteñas, el proyecto de ley que establece presupuestos mínimos de protección para los bosques nativos de la Argentina.
En la primera sesión del período ordinario 125, la normativa, promovida por el kirchnerista Miguel Bonasso y apoyada por la organización ecologista Greenpeace, sufrió algunas modificaciones respecto del proyecto original, tras más de seis horas de debate. Pero los cambios no alcanzaron para evitar que el oficialismo votara dividido por la resistencia de los diputados de las provincias productoras de madera, como Misiones, Formosa y Salta. Incluso, previo al comienzo de la sesión para discutir los 29 artículos, hubo varios legisladores que amenazaron con no bajar al recinto y terminaron por votar en contra.
En su momento, Bonasso, titular de la comisión de Recursos Naturales, había denunciado, igual que Greenpeace, la existencia de un fuerte lobby sojero y maderero para frenar la prohibición de talado, pero hoy aceptó algunas modificaciones como la eliminación de la declaración de la emergencia forestal "para que la ley salga", según afirmó en el recinto.
Bonasso defendió el proyecto y enfrentó el debate sentado por primera vez en el medio del bloque Frente Para la Victoria-PJ, al lado de Mariano West y banca de por medio de Agustín Rossi, jefe del grupo de diputados oficialistas. El legislador aclaró que la norma establece "presupuestos mínimos", es decir, "un piso general a partir de cual pueden haber regímenes incluso más restrictivos" y añadió que al aprobar la ley "no hablamos sólo del paisaje, hablamos de seres humanos", que están siendo "expulsados por una nueva oligarquía: sectores concentrados de la producción maderera y sojera".
Las presiones de los gobernadores y de los legisladores de las provincias que tienen bosques nativos hizo que la iniciativa tuviera un dilatado tratamiento en la Cámara baja, pese a que el proyecto ya había obtenido su aprobación en general el pasado 23 de noviembre. Entre los más críticos estuvieron los justicialistas Irene Bosch (Misiones), Juan Manuel Irrazábal (Misiones), quien reclamó la sanción de "un régimen de compensación económica para las provincias que defienden el medio ambiente"; Zulema Daher (Salta), quien se quejó de las presiones "realizadas por Internet" a quienes se oponían al proyecto.
Para la justicialistas formoseña María De la Rosa, con este proyecto "se han excedido los presupuestos mínimos" y sostuvo que "vulnera las economías regionales y las jurisdicciones provinciales", además de quejarse de que faltó "participación y consenso" para su elaboración, criterio que compartió el renovador salteño Miguel Zottos. Su compañero de bloque, Carlos Sosa, fue algo más duro y pareció aceptar la teoría de los intereses empresarios, al señalar que "nadie dice nada" cuando ingresan los recursos por exportación de soja.
