VIEDMA (AV).- La Junta de Disciplina de la Policía analizaba anoche los pedidos de ampliación de pruebas presentados por las defensas de la mayoría de los 29 efectivos que se autoconvocaron en la Regional de Bariloche el año pasado en reclamo de mejoras salariales.

En el caso de hacer lugar a esas solicitudes se prorrogará el informe final de la Junta que determinará las faltas cometidas por cada uno y la sanción que les corresponde, resolución que será elevada al jefe de la Institución, Jorge Ucha, quien tomará la última decisión.

Por una falta gravísima como podría ser calificada la actitud tomada por los policías, el reglamento policial fija como máxima sanción la exoneración que implica la pérdida total de beneficios. En grado decreciente le siguen la suspensión del empleo y una sanción leve que se puede cumplir con arresto.

Entre el jueves y viernes pasado la Junta presidida por el subjefe de la Policía, Víctor Cufré, e integrada por los miembros de la Plana Mayor escuchó a algunos de los policías imputados cuatro o cinco y a la totalidad de los defensores, oficiales superiores de la Policía. La mayoría habría coincidido en fundamentar que aquella medida estuvo directamente vinculada a las necesidades económicas vividas por los efectivos policiales a cargo de familias numerosas.

Algunos habrían intentado demostrar que el gobierno también tuvo responsabilidad en el tema por los bajos salarios al sector.

Es la primera vez en la historia de la Policía rionegrina que se da una situación con estas características por la cantidad de policías cuestionados. Un antecedente ocurrió en Roca hace unos años con ocho efectivos.

Esta circunstancia obligó también a que las audiencias de la Junta se realizaran en el gimnasio de la escuela de Cadetes aquí en Viedma.

El jefe de la Policía, Jorge Ucha, señaló que la imputación principal a los 29 afectivos es haber tomado la Regional Tercera en su momento, aunque aclaró que "si bien la toma fue más bien simbólica ya que nunca dejamos de tener el control policial sobre esta unidad el hecho en sí produjo un problema institucional bastante serio y se juzga de acuerdo a eso".

Posibles sanciones

Dijo que la expulsión de la fuerza es la máxima sanción que contempla la Ley Orgánica policial para este tipo de faltas calificadas como gravísimas, aunque también se podría aplicar la exoneración según la gravedad así como otras sanciones de menor grado como arrestos u otro tipo de sanción que considere el Tribunal.

En tanto el subjefe Cufré admitió que se han recibido varios escritos que también serán evaluados esta tarde en la reunión de la Junta, pedidos que podrían prorrogar el informe final de este cuerpo.