CHOELE CHOEL (AVM).- El juez Víctor Darío Soto dictó el sobreseimiento de los funcionarios judiciales Carlos Vila, Marisa Bosco, Guillermo Bodrato, Miryam Fabiani y Marisa Calvo, en la causa en la que se investigaba la tarea de estos agentes durante las actuaciones por el crimen del joven Antonio Acosta.

Todos ellos participaron del proceso investigativo durante el verano del 2002, y fueron acusados de haber presionado a distintos testigos del caso.

Sin embargo, tras la investigación quedó descartada la existencia de estas supuestas presiones. Así lo entendió el magistrado, quien en una extensa resolución expresó que los funcionarios no cometieron el delito por los cuales eran investigados.

En la acusación, que inició de oficio en su momento el juez Penal Guillermo Moyano, se trataba de determinar si los agentes judiciales habían presionado a testigos para obtener o lograr información.

Pero ninguna de estas acusaciones pudo ser comprobada y por el contrario la propia fiscal de Cámara que intervino en la investigación afirmó que estas no se correspondían con los hechos.

Por ejemplo se indica en el escrito que la madre de una de testigos -a quien supuestamente habrían "apretado"- concurrió luego a pedir auxilio a una de las agentes judiciales acusada.

Este es uno de los resultados de las causas paralelas surgidas en el caso Acosta, algunas de las cuales pusieron la mirada sobre las actuaciones judiciales y provocaron serias diferencias internas en la propia justicia.

La sentencia además destruye la acusación sobre el accionar de los funcionarios que más impulso le dieron en su momento a la investigación sobre el crimen del joven.

Por otro lado, se supo que la semana pasada el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Sodero Nievas, recibió un informe del auditor del Poder Judicial, Gustavo Martínez, sobre las actuaciones de los distintos funcionarios judiciales durante la investigación y juicio del caso.

Aunque este medio habló con Martínez, el funcionario indicó que el informe será dado a conocer por el propio Sodero Nievas primero a la familia y después se podría conocer públicamente. Desde la familia del joven se espera con especial expectativa el resultado de este informe.

Antonio Acosta fue salvajemente asesinado a fines de noviembre del 2001. Pocos días después un joven se entregó a las autoridades policiales como partícipe del hecho.

Un mes después el entonces juez Penal Carlos Vila, conduciéndose por un anónimo que fue hallado en la comisaría de Lamarque, en el que se relataban los hechos, detuvo a cinco personas y se libró la orden de captura para arrestar a una sexta, que fue detenida años después.

Tras un proceso en el que intervino media docena de jueces, en el juicio oral y público celebrado el año pasado en General Roca, fue condenado a nueve años de prisión por "homicidio simple" Eduardo Equiza, quien se había entregado a la policía. También se dictaron las absoluciones de Gustavo Berlanda y un menor de edad. Para las otras dos personas que permanecían procesadas se dictó la falta de méritos.