SAN MARTIN DE LOS ANDES (ASM). Una inesperada polémica surgió ante la propuesta de creación de un "Servicio de Promoción y Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia", a raíz de la cantidad, perfil y dependencia de los profesionales que se desempeñarían en esa nueva oficina.

Pero, además, entre los concejales parecen haber diferencias aun más profundas, a propósito de los alcances del nuevo organismo y de sus niveles de autonomía.

Durante la última sesión y en medio de intercambios de opiniones, que provenían también del sector reservado al público, los ediles resolvieron mantener en comisión el proyecto presentado por la concejal Nora Ramírez Tobío, del Frente Grande, y dedicar hoy una reunión plenaria al tratamiento del tema.

Además de un abogado, para seguir desde el aspecto legal las problemáticas de niños y adolescentes en la ciudad, los defensores de la creación del servicio pretenden que se incorpore a otros profesionales, tales como psicólogos, asistentes sociales o sociólogos.

El presidente del Deliberante, Juan Fernández, interpretó que esos perfiles ya están incorporados a los equipos de Desarrollo Familiar de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, con excepción del abogado, ya que la letrada que se venía desempeñando renunció para ingresar a la Justicia. De allí que, para evitar la superposición de funciones y partidas presupuestarias, propuso que el nuevo servicio se limite a incorporar a un profesional del derecho.

Pero las reacciones en contrario no se hicieron esperar, bajo la consigna de que se estaban menospreciando la función y alcances del nuevo servicio. Como se apuntó, el tema continuará en comisión.

Sin embargo, algunos ediles consultados por este diario admitieron que el debate de fondo es sobre la autonomía operativa que los impulsores del proyecto pretenden imprimirle al nuevo servicio, frente a la dependencia que otros interpretan debería tener del área de Desarrollo Social.

Conviene recordar que la creación del servicio, presentada por Ramírez Tobío, recoge propuestas que han planteado las instituciones integrantes del Consejo local de la Niñez y Adolescencia, a la vez que se basa en los alcances de la ley provincial 2.302. Según el proyecto, el servicio funcionaría en el ámbito de ese cuerpo.

El texto de la presentación destaca que "ante la necesidad de protección, promoción y restitución de los derechos consagrados, no se busca montar o desarrollar una oferta paralela o alternativa a las que existen actualmente, sino desarrollar, repensar y desplegar intervenciones que faciliten, permitan y garanticen el acceso de todos los niños y adolescentes a las políticas públicas".