En estos días los políticos en campaña en especial los que buscan su reelección se empeñan en exhibir de qué manera consiguieron ordenar la administración, mejorar los indicadores económicos y consolidar una cierta "estabilidad social". Este sin dudas es el paradigma discursivo del intendente Alberto Icare y algo similar ocurre con Miguel Saiz en la provincia.

En ese inventario existen logros imposibles de refutar. Pero también es cierto que las políticas públicas no aprovechan esa bonanza para resolver sus emergentes más deplorables.

El caso que hoy está en primer plano (no el único) es la crisis habitacional que afecta a Bariloche en paralelo con el crecimiento demográfico y el auge del turismo. El IPPV abrió al fin un registro de aspirantes a la vivienda propia que generó expectativas, pese a que sólo se construirán 120 unidades. Más de 4.200 personas acudieron al llamado, y se sumarán más.

Esa multitud ilusionada prueba hasta dónde avanzó la asimetría entre el precio de las propiedades y el ingreso familiar promedio. Sin hablar de desocupados, beneficiarios de planes o trabajadores informales que ni siquiera califican para el listado.

A la entrada en escena de esa drama desatendido le siguió un penoso cruce de imputaciones entre el partido SUR (del intendente Icare) y el IPPV, que se responsabilizaron por la ausencia de respuestas que padecen los "sin vivienda y sin terreno".

SUR atacó la campaña de inscripción por "electoralista" y por plantear "una solución mágica y no de fondo". El organismo provincial replicó con los incumplimientos municipales, en especial el de aportar tierras aptas para construir casas.

Este último es un tema crítico, sobre el cual la gestión Icare mantiene un sugestivo silencio. Después de un año de haber creado bajo presión el llamado Banco Municipal de Tierras, cuando se produjo una oleada de usurpaciones organizadas.

Por aquellos días también abrió su propio registro de postulantes a lotes sociales, que visto desde hoy actuó más que nada como un placebo contra la irritación social. Porque ningún plan se derivó de aquella iniciativa. Nadie discute que en Bariloche la disponibilidad de viviendas y de lotes sociales corre muy a la zaga de la demanda. Y que esa desproporción empuja a miles a la marginalidad y provoca un daño tan silencioso y perdurable como la desnutrición infantil o la deserción escolar.

El municipio cuenta con tierras en distintos puntos, como las 17 hectáreas de la sucesión Lera. Pero en su mayoría están bloqueadas por un caos registral que nadie pone empeño en esclarecer. Esa conducta no sólo es una muestra fenomenal de ineficiencia y desprolijidad, sino que resulta funcional a los intereses del mundillo inmobiliario.

Es evidente que la política provincial de viviendas también tiene una deuda de años con Bariloche. Y que la construcción de unas pocas decenas de viviendas cada tanto en nada contribuye a revertir el atraso. La referencia de SUR a la inoperancia provincial tiene motivos de sobra, pero en boca del actual gobierno municipal produce un eco extraño.

Porque la Carta Orgánica sancionada hace 20 años ya imponía al gobierno local la obligación de "promover la construcción de viviendas en acción coordinada con la provincia y la Nación. Y también porque esta gestión hace casi tres años recibió la promesa del presidente Kirchner de construir 450 viviendas sin cargo para mudar a las familias en riesgo de la barda del Ñireco. "Usted sólo consiga las tierras" le dijo al intendente.

Es posible que el calor de las campañas multiplique la confrontación entre provincia y municipio. Pero es seguro que unos y otros no lucirán tan distintos a los ojos de quienes penan cada día por sostener una alquiler o arreglarse en una pieza prestada.