SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Superior Tribunal de Justicia (STJ) deberá revisar el amparo otorgado por la Cámara del Trabajo a un ocupante ilegal que construyó una casa de dos plantas en una playa del Ñireco Norte y que logró sortear la orden de demolición municipal con la intervención de la justicia.

La medida cautelar fue cuestionada por una vecina del lugar, Rebeca Vega, con un pedido de revocatoria en el que advierte a los jueces que el amparista, Osvaldo Fernández, no es indigente y que contaría con otra vivienda y un vehículo.

La Cámara de Apelaciones hizo lugar a la presentación de Vega, sumó el pedido de revocatoria al expediente original el pedido de amparo de Fernández que lleva el número de expediente 6.303/06 y remitió las actuaciones al STJ en los primeros días del mes.

En el cuestionado amparo el tribunal subrogante integrado por Alejandro Ramos Mejía, Ariel Asuad y Silvia Baquero Lazcano recriminó al municipio con dureza por su actitud dual de brindar asistencia social al amparista y luego ordenar la demolición de su vivienda. Pero no constató la situación socioeconómica Fernández, quien se presentó como un trabajador de la construcción de 44 años, con un sueldo de unos 1.000 pesos y tres hijos a cargo.

En el pedido de revocatoria Vega advirtió a los magistrados que "Fernández no es un marginal, es un maestro mayor de obras" con matrícula 82.206-3, que "vive en Vilcapugio 1.345 y no en Ñireco Norte".

La denunciante aseguró que "Fernández no vive en la casa que motivó este amparo, va los fines de semana para pasear por el lago con un bote a motor" y les recordó que "la Constitución hace referencia a una (vivienda digna), no a dos", al cuestionar uno de los fundamentos del amparo.