ROCA (AR).- Los mecanismos aplicados para distribuir la publicidad oficial en Río Negro conformarán otro eje de debate en la campaña electoral.

El bloque de Encuentro aceleró los pasos para instalar el tema en la agenda política, a partir de la presentación de un proyecto de ley que además pretende mejorar la norma sancionada años atrás para garantizar el libre acceso a la información pública.

La iniciativa es de autoría del legislador Fabián Gatti, con el acompañamiento de Luis Di Giacomo y Beatriz Manso, buscando fijar los alcances conceptuales y establecer limitaciones.

En este sentido, se define la publicidad oficial como "aquella que informa para educar, prevenir, concientizar o anunciar planes y servicios de salud, seguridad y educación". También aquella que "alerta sobre peligros, riesgos o emergencias, o para hacer conocer nuevas leyes o procesos electorales".

De aprobarse el texto redactado por los representantes de la oposición, en Río Negro quedará prohibido gastar dineros públicos para destacar los logros de una gestión de gobierno. Otro objetivo destacado será el de suspender la publicidad oficial 30 días antes de una elección.

El proyecto fija pautas sobre la forma de distribuir la publicidad y hacia quiénes dirigirla, previendo mecanismos de licitación pública para la contratación de espacios, obligándose además a los funcionarios responsables a brindar información permanente sobre gastos en el rubro.

La norma propuesta por Encuentro obliga al estado a trabajar con planes anuales o bianuales de publicidad que deben ser conocidos con antelación por la ciudadanía en general y los medios involucrados en particular.

En noviembre pasado todos los bloques de la Legislatura rionegrina recibieron un documento con principios básicos para una regulación de la distribución de publicidad oficial, realizado por la Asociación por los Derechos Civiles. Los representantes de Encuentro se interesaron en la temática y avanzaron en la redacción del proyecto de ley, que ayer fue presentado formalmente.

Respecto al libre acceso a la información pública, se pretende generar la obligación de brindar cualquier dato requerido no sólo a los tres poderes del Estado sino también a empresas públicas, entes públicos no estatales, sociedades y empresas mixtas. Los alcances incluye también a empresas privadas que tengan concesiones o explotación de bienes y servicios de dominio público. En la iniciativa se fijan plazos y sanciones para los funcionarios que no respondan la requisitoria.