QUITO (AP) - El presidente Rafael Correa respaldó ayer la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que resolvió destituir a 57 de los 100 diputados del Congreso por interferir en el referendo sobre una asamblea constituyente, en una interpretación polémica de las leyes electorales.

La vocera del gobierno, Mónica Chuji, leyó un comunicado oficial de Correa en el que señala que "hará respetar y cumplir la Ley y, por lo tanto, la resolución adoptada por el Pleno del TSE, en la que se establece la destitución de sus cargos y la suspensión de los derechos políticos durante un año para 57 diputados y diputadas del Congreso''.

La destitución de los legisladores es una respuesta a la decisión previa de los diputados que la víspera destituyeron del cargo al presidente del TSE Jorge Acosta, en lo que parece una escalada de una pugna de poderes entre las dos instituciones.

El comunicado agregó que el gobierno "respeta estrictamente el Estado de Derecho'' y consideró que las resoluciones del Parlamento al intentar sustituir a Acosta de "absoluta inconstitucionalidad''.

Por su parte, el presidente del Congreso, Jorge Cevallos, dijo en una rueda de prensa que no ha recibido de manera oficial ninguna documentación del tribunal y que sesionarán el jueves normalmente.

Consideró que la resolución "no tiene ningún asidero legal, que no tiene ni pies, ni cabeza y que lo único que hace y lo único que busca es enfrentar a las instituciones, crear el caos en el país y buscar la confrontación''.

Para el constitucionalista Enrique Herrería, tanto a resolución del TSE de destituir a los diputados como la del congreso de pedir un juicio político a Acosta son ilegales.

La resolución del tribunal electoral "quebranta el estado de derecho y se inscribe en un violación flagrante a la Constitución'', dijo Herrería a la AP. Explicó que el organismo electoral "puede destituir a funcionarios públicos ... (pero) los diputados no son funcionarios públicos son mandatarios, elegidos por el pueblo''.

Herrería reconoció que el Congreso, al destituir a Acosta sin llamarlo a un juicio político, como establece la ley, "también había incurrido en una ilegilidad ... pero mucho más grave es lo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral''.