VIEDMA (AV).- Río Negro alcanzará unas 1.800 jubilaciones anticipadas y sin aportes, generalmente a personas de escasos recursos, según las solicitudes que viene llenando la Unidad de Control Previsional (UCP).
El operativo se enmarca en las leyes nacionales 25.994 y 24.476 por las que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) implementó mediante un convenio con la provincia y los municipios el acceso a un beneficio previsional.
El convenio comenzó a ponerse en práctica en octubre pasado por lo que los primeros 135 pagos surgieron en noviembre, y a medida que fueron corriendo los meses se reunió casi 580 beneficios.
La coordinadora de la UCP, Isabel Millán, explicó que para este tipo de situaciones no hay fecha de cierre pese a que la moratoria tiene vencimiento en abril. En ese sentido, mencionó que se seguirá inscribiendo con lo cual se pueden obtener alrededor de 1.800 trámites.
Desde el organismo se insistió en la gratuidad de las diligencias, por medio de municipios y la propia actividad que ejerce la UCP en la carga de datos y otorgamientos de Clave Unica de Identificación Laboral (CUIL).
El titular del organismo, José Antonio de la Vega, insistió en la gratuidad del trámite y si bien dijo no haber recibido denuncias concretas de supuestos cobros de gestores "algunos rumores llegaron".
Respecto de esta cuestión, la Defensoría del Pueblo había impulsado una campaña de difusión con la impresión de 10.000 folletos con la necesidad de divulgar en forma masiva los beneficios de la moratoria previsional.
Cuotas
La mencionada norma nacional establece beneficios previsionales a quienes no cuentan con los aportes suficientes pese a tener la edad requerida. El gobierno rionegrino se comprometió a abonar la primer cuota de la moratoria en los inscriptos que acreditaron difícil situación socioeconómica. En el caso de ancianos de 82 años, las cuotas reconocidas sumaron unos 100 pesos.
Las otras cuotas como ocurre en el resto de los beneficiarios del régimen se descontarán del haber previsional, aunque siempre dependiendo de la edad de los solicitantes.
En algunos casos de desocupados que pudieron haber acreditado esa situación, el Estado nacional se hace cargo de siete años de aportes mediante la presentación de una declaración jurada.
